Jueces retrasan trámite de amparo a dueños de verificentros

marzo 3, 2021

Isabel Ortega. Xalapa. Los nuevos lineamientos para el programa de verificación vehicular son ambiguos y los concesionarios que se registren como proveedores del estado, para poder cobrar el servicio prestado ante la  Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), perderán los derechos adquiridos por la licencia que pagaron.

La Sefiplan podrá generar ingresos superiores a los 3 mil millones de pesos, al convertir el servicio de la verificación de la emisión de gases de los automóviles en un derecho, y estará en posibilidad de apropiarse de los títulos de concesiones entregados desde 1991.

En la entidad hay más de 330 concesionarios, al menos 260 de centros de verificación y más de 70 de verificentros, afirmó el vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación en Veracruz Eduardo Mario Cázares Sort de Sanz.

Destacó que ellos han tramitado amparos ante el decreto del gobierno del estado, en el que se decidió que será la Sefiplan la que cobre la verificación vehicular, a través de tiendas de conveniencia, sin embargo, jueces locales han dilatado el trámite.

En el caso de Jesús Arturo Cuellar Díaz, juez decimoséptimo en Veracruz, se negó a recibir el amparo con el argumento que hay un conflicto de interés pues su esposa tiene amistad con un director en la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), dependencia que en el pasado regulaba la verificación vehicular.

En otros casos, dijo, los amparos que se presentaron en la capital del estado fueron remitidos a los juzgados del municipio de origen de los concesionarios, lo que dio tiempo a la Sefiplan para publicar los lineamientos del programa que cobró vigencia este 02 de marzo.

Destacó que esos lineamientos obligan a los concesionarios a registrarse al padrón de la Sefiplan, sin embargo, eso es violatorio de la ley, pues la licencia que se les otorgó en el pasado, fue con el objetivo de que ellos brinden un servicio del que el Estado no tiene la capacidad.

Al ser proveedores se convierten en trabajadores del Estado, dejando de lado la inversión, instalaciones e infraestructura de la que dispusieron para verificar los automóviles.

Por lo anterior, adelantó, ampliarán el amparo ante jueces locales, y en caso de que se nieguen darle trámite, recurrirán a la federación o en todo caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El concesionario alertó a los automovilistas pues no descartó que, con la publicación de los lineamientos del programa estatal de verificación, elementos de tránsito del estado inicie una cacería contra propietarios de autos que no han realizado la verificación.

En el menor de los casos, dijo, se obligará al pago de multas y a realizar la verificación; el otro escenario incluye llenar de dinero los bolsillos a los agentes en la entidad por el cobro de mordidas o moches.

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