Juez federal bloquea ley antimigrante de Texas
febrero 29, 2024
Un juez federal bloqueó una nueva ley de Texas que permitiría a la policía arrestar a migrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, en una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden en su disputa contra el gobernador republicano Greg Abbott sobre el tema migratorio.
La decisión del juez David Ezra deja en pausa la llamada Ley SB4, la cual iba a entrar en vigencia el 5 de marzo. Los defensores de los derechos de los migrantes han advertido que esta ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los latinoamericanos.
⇒ Se trata en cualquier caso de una decisión temporal hasta que la corte examine el fondo del asunto y tome una decisión, que podría ser apelada por cualquiera de las partes hasta llegar incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Ley SB-4 convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Iliana Holguín, comisionada (concejal) del condado del Paso, Texas, aplaudió la decisión y dijo que la ley “impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos”.
El gobernador Greg Abbott precisó, durante la ceremonia de la firma de la Ley SB-4, que el objetivo de la medida es “detener la oleada de entrada ilegal en Texas” por lo que esperaba que los cruces ilegales en los límites del estado se reduzcan entre 50 y 75 por ciento.
Partes de la ley entraron en efecto el 6 de febrero, específicamente la que establece que se impondrá una pena mínima de 10 años a quienes sean acusados de tráfico de indocumentados. Si el delito es considerado grave, la pena mínima de cárcel asciende a 15 años o más si existe otra disposición legal que sea aplicable al caso.