La Ceapp también critica a magistrados por caso Jacinto Romero

octubre 5, 2022

Isabel Ortega/Xalapa. Después de dos días que se dio la liberación de los “presuntos” responsables del asesinato del periodistas Jacinto Romero, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) fijó una postura.

En un boletín condenaron la reciente liberación de tres personas que estaban vinculadas a proceso por el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, privado de la vida el pasado 19 de agosto de 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán.

Pidieron que no prevalezca la impunidad y se esclarezca el caso, que conmocionó al gremio periodístico.

La decisión tomada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, según la CEAPP, alimenta la espiral de impunidad en crímenes contra periodistas y deja un mal precedente en la materia, además de impedir el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

Al margen de señalar la responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar los delitos contra la libertad de expresión y de castigar a los responsables de estos crímenes, desde la CEAPP externamos nuestra preocupación e indignación por este caso.

Sin lugar a dudas, los recientes hechos evidencian un sistema de justicia disfuncional y que ha fallado al periodismo y a quienes han perdido la vida en razón de su ejercicio periodístico.

Pidieron que antes de politizar la justicia o de evadir responsabilidades, reconozcan que la violencia contra periodistas es un asunto de interés público que repercute en la vida de toda una sociedad y, en consecuencia, doten de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para prevenir las agresiones y proteger la integridad de las y los comunicadores, pero también para investigar los delitos cometidos contra periodistas y dar castigo ejemplar a quienes atenten contra la libertad de expresión.

Cada crimen en contra de un periodista que permanece en la impunidad lesiona y atenta contra el derecho de la sociedad a estar informada.

En la comunicación evitaron pronunciarse por el argumento planteado por los magistrados, que pusieron en duda la integración de la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que motivó la liberación de los “presuntos” responsables.