La ley no prohíbe dar contratos de obras y servicios a beneficiarios de programas sociales: Sedarpa

-Titular de Sedarpa dice que la ley no limita dar contratos a beneficiarios de programas sociales

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arianna Ángeles Aguirre denunció que la empresa Golfo SADCD, que es proveedora de alimentos de la Secretaría de Seguridad Pública, también hace caminos “saca cosecha” y fue contratada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedarpa).

En su participación en la comparecencia del titular de la dependencia estatal, Evaristo Ovando Ramírez, cuestionó si tenía conocimiento que Faride Carmina Huerta Yasmín, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, había recibido un contrato por 10.3 millones de pesos para el suministro e insumos ganaderos.

La legisladora explicó que la empresa administradora del Golfo, SADCD, conocida por ser responsable del suministro de alimentos para la Secretaría de Seguridad Pública, se benefició de contratos que suman más de 700 millones de pesos. También ha recibido contratos de SEDARPA para construir caminos saca cosecha.

“Resulta confuso, cómo una empresa puede ser simultáneamente proveedora de alimentos y constructora de caminos. Además, esta situación se complica aún más con el otorgamiento de contratos a personas físicas que parecen seguir el mismo modus operandi que otras dependencias del gobierno estatal, beneficiarias de programas sociales”.

Como ejemplo, citó, el caso de Faride Carmina Huerta Yasmin, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quien ha recibido un contrato por 10.3 millones de pesos para el suministro e insumos ganaderos.

Ante los cuestionamientos el funcionario aseguró que los temas de adquisiciones siempre son complejos, sin embargo, aseguró que para no complicarse en el ámbito administrativo él ha pedido que se hagan licitaciones.

“Entonces, las licitaciones públicas a veces nos han generado pérdidas, y se lo reconozco, eso sí lo reconozco, nos han generado demoras en las adjudicaciones de los procesos. He tenido que licitar públicamente, por ejemplo, las alas de miel, hicimos tres licitaciones públicas para poder adjudicar las obras en sí”.

Argumentó que el proceso de adjudicación resulta transparente, al grado que un representante popular o un ciudadano, cuenta con la información que esta disponible en los portales de las dependencias.

“Eso así es, y les pedimos básicamente, si mal no recuerdo, son como 22 requisitos, diputada, a los solicitantes, a las empresas, ya sean figuras físicas o sean figuras morales. Y se revisan a conciencia, y normalmente se les pide una visita del órgano interno de control para verificar que la empresa existe en el domicilio fiscal. Para que sea una empresa que realmente existe, como las que veíamos a veces.

“Ninguno de ellos nos pide si son beneficiarios o no de programas sociales. Esa es la ley, no es otra. Entonces, ese tema así está, yo le diré con toda responsabilidad que se han cuidado los procesos y procedimientos”, justificó.