La mayoría de los feminicidios van al «saco» de la impunidad

Machismo y desapego a protocolos imperan en las investigaciones

febrero 14, 2020

México/Notimex. México carece de datos fidedignos para conocer cuántas mujeres pierden la vida por razones de género, a pesar de ser un delito tipificado en el Código Penal Federal. Las autoridades aún «dudan» sobre los casos de feminicidio, coinciden expertos en derechos humanos.

Los vacíos legales, la impunidad y la falta de apego en el concepto legal de violencia de género han impedido reconocer cientos de asesinatos como feminicidio, subraya María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

«Hay mucha resistencia, discriminación, deficiencias e impunidad (en los casos). Los operadores de justicia siguen teniendo una concepción muy machista», externa en entrevista con Notimex.

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el primer semestre de 2019 se registraron 17 mil 198 homicidios, cifra 3.2 por ciento inferior a los reportados un año antes.

Esto significó 14 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2018 para el mismo periodo.

Las cifras muestran que 15 mil 391, es decir 89 por ciento, de las víctimas fueron del sexo masculino y el resto, mil 774, correspondieron a mujeres del total reportado durante los primeros seis meses.

La clasificación de los homicidios se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, que son registradas por el médico certificante en el certificado de defunción de las entidades federativas.

Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, accidente o suicidio, «aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido», acentúa el organismo.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) exponen que los indicadores de violencia contra las mujeres mostraron una tendencia al alza y, de manera particular, los casos de feminicidios crecieron 137.5 por ciento durante los últimos cinco años en México.

En ese lustro fueron contabilizados tres mil 621 feminicidios a nivel nacional. Sólo en 2019 fueron 976 casos registrados como presuntos feminicidios, una cifra menor a los dos mil 819 fueron investigados como homicidios dolosos.

De acuerdo con el informe sobre violencia contra la mujer, el delito de feminicidio representó 0.05 por ciento del total de incidencia delictiva registrada de enero a diciembre de 2019.

Pero, indica que en esos 12 meses se identificaron 110 mil 200 mujeres víctimas de distintos delitos, de las cuales 59.40 por ciento fue por lesiones dolosas, 16.29 por ciento por lesiones culposas y 8.12 fueron contra la libertad personal.

De éstas y otras nueve clasificaciones relacionadas a las presuntas víctimas por delito, las cifras muestran que 0.91 por ciento fueron por feminicidio en México.

De los casi mil feminicidios reportados en 2019, considerado el año más violento en nuestro país, el estado de Veracruz ocupó el primer lugar a nivel nacional, con 157 delitos de feminicidio. Le siguieron el Estado de México, con 122; Ciudad de México, con 68; Nuevo León, con 67, y Puebla, con 58.

«Hay mucha crueldad contra las mujeres», insiste la también coordinadora de Violencia de Género y Derechos Humanos en Católicas por el Derecho a Decidir, al señalar que si bien en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició esta violencia extrema, lo preocupante es la gravedad actual en un contexto generalizado.

Las mujeres víctimas de feminicidio han sido objeto de actos crueles y degradantes para ser asesinadas. La mayoría de los cuerpos fueron golpeados con materiales contusos, sufrieron violencia sexual y quemaduras, fueron desmembrados, amordazados, descuartizados, asfixiados y cortados con utensilios punzo cortantes como cuchillos y desarmadores, apunta.

Otras más fueron asesinadas con arma de fuego. Pero la fuerza física sigue siendo la que prevalece en la mayoría de los casos, que cada vez son más visibles, acentúa.

La ONU Mujeres informó que en 2016 se contabilizaban seis mujeres asesinadas y tres años después fueron registrados 10 feminicidios diarios en México. «Sin contar a todas las mujeres desaparecidas, que siguen sin encontrarlas, ni vivas ni muertas», sentencia.

Para María de la Luz Estrada, defensora de los derechos humanos, las autoridades deben apegarse a lo establecido el Artículo 325 del Código Penal Federal. «Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género».

El caso debe investigarse con mayor rigor cuando el cuerpo de la víctima presenta indicios de feminicidios y evitar limitarse o responsabilizar al crimen organizado. «Hay mucha negligencia, omisiones y corrupción, lo que deja los casos en la impunidad», reitera.

Hasta noviembre de 2019, recuerda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó sólo 109 feminicidios de más de 400 asesinatos de mujeres. «Es ahí donde estamos viendo toda la cadenita de impunidad, donde no hay investigación y mucho menos vincular a proceso para iniciar todo lo referente al nuevo sistema de justicia penal», evoca.

Vacíos legales

Para Víctor Rogelio Caballero Sierra, presidente del Colectivo Aequus, las confusiones y los vacíos de los sistemas judiciales en México han propiciado que los responsables de los asesinatos de cientos de mujeres no sean procesados o, en su caso, sentenciados con una pena vitalicia por feminicidios.

En entrevista con Notimex, el abogado especialista en Derecho Constitucional y Amparo explica que en los códigos penales de cada entidad se tienen ciertas condiciones para considerar una privación de la vida como un feminicidio. «En algunos estados son más requisitos que en otros», señala.

Sin embargo, indica que estas leyes cuentan con un último párrafo denominado «el candado del patriarcado», el cual permite al juez interpretar los hechos y decidir de manera «arbitraria» si el caso corresponde a un feminicidio después de todo el proceso de investigación complementaria.

En el Estado de México, el segundo con más feminicidios a nivel nacional, se encuentra establecido este argumento en el Artículo 262 del Código Penal. «Eso cambia todo, desde la acusación, el proceso, el desahogo de pruebas y hasta la sentencia porque un feminicidio, que no es considerado feminicidio, puede ser un homicidio calificado», expone.

Y para los casos de homicidios, refiere, la Ley Nacional de Ejecución Penal permite a los sujetos procesados obtener una libertad anticipada al cumplir un determinado tiempo de sentencia.

De ahí que los familiares, víctimas colaterales de los feminicidios, han optado por ejercer presión política y mediática sobre los poderes judiciales a través de las manifestaciones y la difusión de los hechos en los medios de comunicación.

Un caso particular es el de Verónica Guadalupe Benítez Vega, la joven de 21 años asesinada por su esposo, Luis Ángel Reyes, el 6 de julio de 2017. Ella murió a causa de 17 heridas por arma blanca y golpes de un tabicón. Su cuerpo quedó sobre una de las calles de la comunidad de San José El Vidrio, ubicado en el municipio Nicolás Romero, Estado de México.

Un año y siete meses después fue declarado culpable y le otorgaron una sentencia de 55 años de cárcel, a pesar de haberse solicitado la pena vitalicia. Empero, la defensa legal del agresor decidió interponer un recurso de apelación, al exponer su inocencia y la falta de elementos para calificar el asesinato como feminicidio.

La familia de la víctima emprendió una fuerte lucha contra el Estado para evitar reducirle la pena o dejarlo en libertad por las autoridades judiciales mexiquenses. La Segunda Sala de Apelación del Distrito Judicial de Tlalnepantla celebró una audiencia de la apelación en mayo de 2019 y ordenó aumentar la sanción a 62 años y seis meses de presión para el agresor.

Esto porque la ley establece que los responsables de asesinar a las mujeres de manera violenta, añade, son castigados con una sentencia de 40 a 70 años y -si fuera el caso- prisión vitalicia.

Números propios

Caballero Sierra fue el segundo abogado que tomó el caso de Verónica Guadalupe Benítez Vega, debido a los abusos y la ineficiencia del primero que, en conjunto, también evidenciaron la negación de las autoridades mexiquenses ante la violencia de género.

«Para nosotros los pobres no hay justicia, es algo que nos quedó muy clavado en el caso de Lupita», subraya Juana Isabel, hermana de Verónica Guadalupe, al dejar en claro que en este país existe un desgaste físico y económico frente a las autoridades que impiden impulsar una política criminal.

«Para llegar a la justicia se debe luchar», reitera la madre de tres menores de edad y con 30 años de edad, quien lamenta que la falta de conocimiento y la ineptitud condujo esta investigación por cinco ministerios públicos del Estado de México.

Esa situación llevó a Caballero Sierra a realizar un estudio para identificar todas las penas máximas dictadas por jueces, magistrados y ministros respecto a los casos por razones de género en México.

«Estuvimos buscando en la única base de datos más creíble sobre feminicidios, que son los medios de comunicación, porque el gobierno federal ni el estatal tienen una estadística real, porque muchos casos son juzgados como homicidios», argumenta.

Se encontró que la mayoría de las sentencias oscilaban entre los 40 y 50 años de prisión. Había unas de 60 años, pero en ellas concurrían hechos de complicidad o delitos conexos al feminicidio como secuestro o privación ilegal de la libertad.

Cuenta que lo anterior implicó el análisis de aproximadamente mil 200 notas periodísticas, pero la mayoría hacían referencia a que muchas investigaciones con características de feminicidio y que nunca se reconocieron como tal, fueron directo a los archivos de impunidad «porque dejaban libres a los feminicidas, no eran localizados, había fallas en los procesos o eran menores de edad los probables responsables».

De ese universo, indica, fueron encontrados 100 documentos de sentencias. El 80 por ciento eran relacionadas con penas inferiores a 50 años. «Hay mucha impunidad al momento de hacer estas valoraciones», insiste.

Perspectiva de género

En 2015, después de analizar el caso de Mariana Lima Buendía, en el Estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades tienen la obligación de realizar diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género.

«Así, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar todas las líneas investigativas posibles -incluyendo el hecho que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género- con el fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido», expone.

De la Luz Estrada y Caballero Sierra coinciden que los encargados de investigar deben apegarse a ese llamado y a los protocolos establecidos para los feminicidios registrados en cada entidad.

«El protocolo no te está diciendo que valores la conducta de la mujer, está diciendo cuáles son las diligencias para acreditar las circunstancias. Si hay signos de violencia sexual, lesiones y privación de la libertad, pero siguen sus investigaciones en testimoniales», expone la defensora de los derechos humanos.

En México, un país tan corrupto, las víctimas indirectas corren el riesgo de ser criminalizadas, de perderles pruebas fundamentales o de solicitarles sobornos para continuar con las diligencias, insiste.

«Si se aplicaran las leyes por parte del Estado, por lo menos, se abatiría un poco la impunidad que existe. El problema es grave porque cualquier tipo que haya ejercido mucha violencia sobre su pareja, sabe que, incluso puede llegar a matarla, puede librarla», concluye el abogado.

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