La productividad del Congreso en sus primeros meses

febrero 14, 2019

Isabel Ortega, Xalapa. Durante el primer periodo ordinario de sesiones de la 65 Cámara local se aprobaron un total de 10 decretos, entre ellos una nueva ley y la reforma a la Constitución Política, para poder remover al Fiscal General.

Los primeros meses de trabajo no fueron tan productivos a pesar de los datos estadísticos que se publican en la página de internet de la Cámara que suma 339 iniciativas de ley, de reforma, decretos, anteproyectos de punto de acuerdo, pronunciamientos y participaciones desde la máxima tribuna.

El gasto mensual por el salario de los legisladores superó los siete millones 330 mil pesos, tomando en cuenta los datos que son públicos en el portal de transparencia de la nueva cámara. En los tres meses se pagaron por salarios y prestaciones 21 millones 990 mil pesos a los diputados.; además de 15 millones que se asignan para el gasto de las fracciones parlamentarias.

El gasto total de los tres meses equivale a 39 millones 990 mil pesos, que divididos entre lo que se aprobó cada reforma validada por la Cámara costó 3 millones 999 mil pesos. Sin tomar en cuenta el gasto operativo y el pago de salarios de los trabajadores del Poder Legislativo.

En tres meses, se realizaron 16 sesiones ordinarias, la de instalación y dos solemnes. Los legisladores que tenían que registrar un total de 950 asistencias en las 19 reuniones, sin embargo, solo pasaron lista en 886 ocasiones, es decir, faltaron 3.5 diputados en promedio a cada cita.

En el periodo se presentaron 218 proyectos de ley, entre ellos las 212 leyes de ingresos de los municipios y del estado; se dio entrada a 41 iniciativas de decreto; presentaron 41 anteproyectos de puntos de acuerdo, 20 pronunciamientos y 19 posicionamiento.

Se reporta un total de 178 participaciones de diputados en las 18 reuniones de trabajo. En promedio en cada sesión 9 de cada 50 diputados subieron a la máxima tribuna.

Como parte de la correspondencia se dio entrada a 419 documentos, de esos se turnaron a comisiones 355, 16 se aprobaron por urgente y obvia resolución, en 30 casos se dieron por enterados y 17 se turnaron a la Justa de Coordinación Política.

Leyes de relleno

Como obligación, cada fin de año, el Congreso debe aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como de los 212 municipios.

Aun y cuando cumplieron con esa obligación de ley, en el caso del presupuesto estatal se dio un plazo de 90 días para ajustarlo y volverlo someter a votación a finales de marzo, luego de que se otorgó una dispensa de ley al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En el caso de los municipios, en algunos casos prácticamente se aprobó el mismo presupuesto que el 2018 por que no se justificó el incremento en los ingresos para el presente ejercicio fiscal.

El pleno del Congreso solo aprobó la nueva ley de Austeridad Republicana, que fue propuesta por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Dicha legislación limita el gasto de las dependencias del Estado, pero nunca se planteó cuál sería el ahorro que iba a generar el poder reducir el salario de la burocracia, en especial de primer nivel, y establece que nadie puede ganar más que el gobernador, obligación que se incumple.

Otra propuesta de Cuitláhuac García fue para modificar la ley de Planeación del Estado, en la que se establece que el Congreso tienen dos meses, a partir de abril, para aprobar el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).

Las reformas políticas

También validó que ahora solo se requiere dejar pasar un periodo de 30 días para que los Ayuntamientos validen o respalden reformas constitucionales, cuando antes el periodo era de 60 días.

“Los Ayuntamientos tendrán treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la recepción del proyecto, para comunicar su acuerdo al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente…”

Además, se cambió la Constitución -en su artículo 33- al reivindicar al Congreso del Estado, la facultad constitucional de remoción del titular de la Fiscalía General, dentro de sus atribuciones.

También se validaron cambios a la ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, para garantizar que los municipios de mayor marginación no podrán recibir menos fondos que en el ejercicio inmediato anterior, entre otras propuestas.