La reforma a delito de ultrajes esta «bien hecha», defienden exdiputados de Morena
enero 10, 2022
Isabel Ortega/Xalapa. La reforma al código penal, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, está bien hecha, plantearon diputados integrantes de la Comisión de Seguridad de la 65 Legislatura, encargada de analizar y dictaminar la propuesta del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Los morenistas Carlos Jiménez y José Manuel Pozos Castro mencionaron que el trabajo que se hizo desde el Congreso local se revisó con grupos interparlamentarios, con la intención de garantizar los derechos humanos tanto de policías como de ciudadanos.
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló a los legisladores locales de ser los responsables de los cambios al código penal, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, y que ha generado tanta polémica en los últimos meses.
Y es que desde el Senado de la República se creó un grupo de trabajo que está recibiendo denuncias ciudadanas sobre el abuso de los policías que aplican el delito de ultrajes a la autoridad, y que fueron presentados ante un juez, lo anterior, luego de que el senador Ricardo Monreal aseguró que la figura jurídica se usa para crear delincuentes.
El primero en hablar del tema fue el ahora alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro quien aseguró que es atribución del Congreso el poder adecuar cualquier ley o propuesta que remite el gobernador García Jiménez.
“El Congreso en su momento hizo lo que le correspondía hacer, que es analizar, y fue como se aprobó esta iniciativa. Todo puede ser perfectible, lo que sí es cierto es que a nuestras autoridades debemos generarle confianza y que tengan el respeto que se requiere para que puedan ejercer sus funciones”.
Por su parte, Carlos Jiménez expresidente de la comisión de Seguridad de la 66 legislatura comentó que la legislatura hizo una revisión a fondo, “no se le cambió a lo que mandó el gobernador, el gobernador lo mandó tal cual”.
Sin embargo, dijo, se analizó el aspecto jurídico para fortalecer y garantizar los derechos humanos tanto de los funcionarios del estado, como de los ciudadanos, “se dimensionó en el tema delincuencial y en beneficio de la población”.
Si bien aclaró que la ley es clara, como parte de la atribución de los legisladores, reconoció que los policías, la Fiscalía y los Jueces han dado una serie de interpretación al delito de ultrajes, “se ha exagerado en muchas cosas”.
Reconoció que el Senado de la República tiene derecho a investigar las violaciones de los derechos humanos, pues la ley solo quería fortalecer a las instituciones y dar garantías a todos los ciudadanos.