Lamenta Barzón negativa del IPE para revisar contratos con empresas crediticias
Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La representante legal del Barzón de Resistencia Civil en el estado de Veracruz, Teresa Carbajal Vázquez dio a conocer que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) se negó a revisar las condiciones que las empresas crediticias con las que tienen convenios imponen a los Jubilados y Pensionados estatales y las cuales los colocan en situaciones muy complicadas debido al cobro excesivo de intereses.
En ese sentido, resaltó que ante el llamado que la semana anterior hicieron al Instituto por esta problemática, hubo una respuesta rápida para poder reunirse y dialogar con la titular del IPE, Daniela Griego Ceballos y sus colaboradores, sin embargo tras exponer cual es la situación, la respuesta recibida por la autoridad no fue la esperada, pues se argumentó que dicha petición se encontraba fuera de sus atribuciones.
«Si el Instituto no es competente para revisar los contratos de crédito que descuenta a favor de particulares, en el rubro de intereses, ¿Quién lo es?, Si el organismo sostiene que desconoce los montos de intereses aplicados a los pensionados, ¿no resulta contradictorio a sus principios éticos y fortaleza como ente de tutela de los derechos de pensionados y jubilados ignorarlo?; Es verdad el asunto se trata de un conflicto entre particulares, como también es verdad que el organismo exhortado cumple una función de coadyuvancia al ser quien retiene el descuento a cambio de una comisión. ¿Qué ganancia por mas lícita que parezca, justifica el aniquilamiento de la solvencia de los acreditados y la pérdida de bienestar al tener que pedir préstamos para sobrevivir el mes completo?», apuntó.
Asimismo, Teresa Carbajal lamentó que a pesar de que el IPE es la institución que realiza los convenios con las instituciones crediticias y obtiene una comisión, no exista voluntad para evitar que los pensionados sean víctimas de prácticas de cobranza abusivas.
Finalmente, agregó que desde el Barzón continuarán luchando por defender los intereses de los ciudadanos ante instituciones comerciales y crediticias, particularmente de aquellos sectores vulnerables y adultos mayores.