Ley de Amnistía, fundamental para recuperar la paz

Carlos Guzmán/Ciudad de México.- En la inauguración del foro de parlamento abierto “Ley de Amnistía”, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que esta propuesta es profunda, benéfica y de trascendencia social, porque en el fondo plantea un acto de reconciliación en la búsqueda de la paz.

Facilitará, dijo, la procuración de justicia y quizá descongestionará los tribunales y penales de delitos que no dañan gravemente a la sociedad; es también un instrumento de protección a grupos vulnerables cuyo eje principal será el respeto a los derechos humanos de las víctimas.

La amnistía, añadió, tiene su máximo sustento en el artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión a concederla por aquellos delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

En ese sentido, dijo, “somos corresponsables del análisis de esta propuesta”, la cual deberá verificarse en dos vertientes: técnica jurídica y legislativa, así como la complejidad relativa a los alcances reales por tipos de delito que marcan la propia iniciativa.

Barrera Badillo precisó que, aunque parece un asunto de seguridad pública y de justicia, se trata de un tema que se relaciona primordialmente con el pacto social y la manera en que se está procurando recuperar el tejido social.

“Se trata de un Estado que abona una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía: aborto, consumo lúdico de la marihuana, no criminalización de la protesta, y a la vez, adopta un enfoque de reinserción y no uno meramente punitivo, en cuestiones que tienen que ver con la situación de pobreza en que viven muchas comunidades con una intención delictiva dolosa, como es el caso del robo simple”.

También busca reconocer que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural, y no garantizó que en los juicios promovidos contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas se les respetaran sus garantías esenciales en un debido proceso.

De igual modo, explicó, busca reinsertar al tejido social a diversos grupos de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión, discriminación y situación de pobreza. “Queremos generar un marco jurídico benéfico para todos”.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), mencionó que al tratarse de una ley que trasciende en su aplicación a toda la República, es responsabilidad del Legislativo determinar con claridad las dificultades que puede tener este ordenamiento.

Relató que la iniciativa que el pasado 18 de septiembre remitió el Ejecutivo federal, tiene también el objetivo de extinguir la penalidad y las determinaciones impuestas a las personas sentenciadas y contra quienes se pudiera ejercitar acción penal hasta la fecha de la entrada en vigor de la ley.

Ello, por delitos de aborto, contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se traten de personas en estado de vulnerabilidad de comunidades indígenas que no hayan recibido derechos a una defensa legal en su idioma, robo simple sin violencia, y sedición o actos penalizados que sean de índole política por la participación en movimientos y protestas sociales.

Se propone que las personas que se beneficien cumplan tres condiciones: que sea su primera sentencia; que no hayan cometido delito de la privación de la vida, secuestro o infracciones contra la integridad personal; que no se hayan empleado armas de fuego.

La diputada añadió que no podrán obtener amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos graves. En el régimen transitorio se precisa que la Secretaría de Gobernación promoverá en las legislaturas locales la creación de leyes de amnistía por delitos semejantes a los contemplados en la ley de ámbito federal.

Mencionó que se trata de un asunto que ha causado controversias, discusiones en la opinión pública y motivado debates, tanto por los alcances y precedentes de las conductas delictivas sobre las cuales se pretende suspender el ejercicio de la acción penal, como la forma en que se plantea.

Citlalli Hernández Mora, senadora de Morena, expresó que la propuesta marca una nueva etapa en el tema de imparcialidad y reconoce desde el Estado que ha habido injusticias, sobre todo a los sectores más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, entre otros, y que fueron encarceladas por su situación de vulnerabilidad, principalmente.

“Hay que reconocer que en este país no tenemos en prisión a las personas más peligrosas, a las y los criminales que realmente han cometido grandes delitos. Tenemos a mucha gente que, por su situación de vulnerabilidad, de pobreza y marginación han tenido que recurrir a una serie de circunstancias”, agregó.

Ejemplificó que en Guerrero, muchos jóvenes que conocen y que trabajan el campo son obligados por el crimen organizado a cultivar amapola; “entonces, el joven se pone frente a una realidad donde no hay condiciones laborales, no hay condiciones educativas y son presionados por el crimen organizado a sembrar amapola, pero cuando hay operativos no se captura a los grandes capos, sino a esos jóvenes. Las prisiones están llenas de esos jóvenes que no son los grandes criminales”.

Hernández Mora subrayó que hay una serie de discusiones que se pueden dar alrededor de esta iniciativa, como el buscar la liberación de mujeres perseguidas o encarceladas a consecuencia de las distintas modalidades del aborto, “eso pone sobre la mesa una gran discusión en torno a la despenalización del aborto”.

Indicó que una de las críticas que la sociedad civil plantea es el impacto en el fuero federal, porque muchos de los delitos son del ámbito común. “Muchas de las mujeres que están presas por aborto o que fueron detenidas porque fueron obligadas a transportar droga están en los estados; hay un transitorio que busca que en los estados se puede hacer una réplica o un acompañamiento de una iniciativa local”.

Es la oportunidad, subrayó, para discutir diversos planteamientos respecto de cómo funciona el sistema de justicia, en una serie de visiones punitivas que creemos que este nuevo proceso social y político tienen que replantearse.

“Hay quienes han tratado de decir que la ley busca liberar a secuestradores, homicidas y a grandes delincuentes, pero es totalmente falso. No busca liberar a nadie que haya hecho daño a otra persona, sino generar condiciones de justicia a quienes han sido vulnerables. Por ello, proponemos comunicar de mejor manera esta iniciativa y llamarla iniciativa Livera es decir Ley por la inclusión, verdad, reparación y amnistía”, abundó.