Ley de Seguridad violenta la constitución: PAN

febrero 25, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. La mayoría del Congreso local aprobó una nueva ley de seguridad pública, que según la oposición se extralimita las funciones en favor del Estado y del Secretariado Ejecutivo; además, que subordina a los municipios en materia de gestión y gasto de recursos públicos.

En sesión extraordinaria, se analizó el dictamen de la propuesta de ley que remitió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y que busca homologar la ley local con la nacional, sin embargo, se observó que se hicieron algunas adecuaciones que invaden competencias en relación con las atribuciones entre el Estado y la Federación.

Al hacer un listado de irregularidades el diputado local Omar Miranda Romero, explicó que de entrada la propuesta otorgan una facultad extralegal al Secretariado Ejecutivo al permitir que ésta ejerza actos de control, vigilancia, evaluación y fiscalización de los recursos, al atribuirle que de manera discrecional solicite informes a los Municipios respecto al ejercicio de los recursos en materia de seguridad pública, lo cual en la práctica es una doble o triple fiscalización.

Además de crear un secretario ejecutivo del sistema estatal todopoderoso, al ampliar atribuciones que no tiene en la Ley vigente.

“Tan se pretende someter a las municipalidades del Estado, que aún y que dan Representación a éstas en la Conferencia Estatal de Seguridad, por medio de dos presidentes Municipales por cada una de las 18 regiones que conforman la Entidad, estos representantes son electos por el Consejo Estatal y no por votación de los propios entes municipales”, observó.

La nueva ley pretende establecer “niveles de mando”, poniendo a la cabeza al Gobernador del Estado, después al Secretario y posteriormente a los operativos, entre los que menciona a los equivalentes en los municipios.

La propuesta, dijo en la máxima tribuna, viola el artículo 115 fracción III, que establece que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

“Con los cambios propuestos, se determina que los elementos acatarán las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”, alertó.

El panista mencionó que no se consideró que los municipios tienen facultades constitucionales en materia de Seguridad Pública, por lo que sólo otorga a la Secretaría la atribución de celebrar convenios con las empresas de seguridad privada para hacerse cargo de los procesos de evaluación y control de confianza de su personal operativo.

Se incluye un capítulo de delitos contra el funcionamiento del sistema estatal de seguridad pública, sanción que antes era administrativa, ahora se convierte en penal otorgando con esto la posibilidad de realizar una persecución política a los ediles de oposición, como el caso de Orizaba.

Se crea una dirección de inteligencia patrimonial y económica, así como una Unidad de análisis e inteligencia, que puede invadir competencias establecidas para el SAT en su unidad de inteligencia fiscal UIF, lo que podría ser violatorio de derechos humanos.

Botón volver arriba