Llaman a solucionar problemas derivados del encierro en niños y jóvenes

abril 4, 2021

Carlos Guzmán/CDMX.- A pesar del bajo índice de contagio y de la intensidad de la enfermedad por COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes (NNyA), son quienes con el encierro por el distanciamiento social están sosteniendo las principales medidas de la contingencia sanitaria, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.

“Ya cumplieron un año fuera de su principal entorno de socialización, que es la escuela, y estando encerrados todo este tiempo en la mayoría de los casos”, apuntó.

En sus comentarios sobre los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición en niñas y niños menores de 12 años (ENSARS-CoV-2), que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), exhortó a mirar cómo han transcurrido los últimos 12 meses y los que aún faltan, para resolver desde ahora las afectaciones sobre este grupo etario y antes de llegar a una gran crisis de sus derechos humanos.

Dijo que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población 2020, en el país 20% de la población tiene de 0 a 12 años, que son 25 millones 287 mil 145 personas en ese rango de edad, sobre quienes es fundamental avanzar en la agenda de sus derechos y encaminar los esfuerzos institucionales, para que no haya retrocesos.

Al respecto, mencionó que, desde el 3 de abril de 2020 y hasta el pasado 3 de marzo, diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos han emitido 14 documentos, guías, resoluciones y declaraciones, para realizar acciones alrededor de esta población, ante la crisis sanitaria y también económica derivadas de la pandemia.

Sobre la metodología de la ENSARS-CoV-2, reconoció coincidencias con el enfoque diferencial aplicado en derechos humanos y para el diseño de estrategias que garanticen, protejan, promuevan y respeten los derechos de los grupos y categorías por edad y género.

“El análisis interseccional es otro acierto, porque contribuye a visibilizar a los grupos en particular y permite observar la interacción de diversas categorías, no sumadas de forma aritmética, sino que acumulan y permiten analizar una situación y contexto particular, facilitando así a las instituciones las herramientas necesarias para que den cumplimiento a su obligación de protegerles todos los derechos de niñas y niños”, insistió la Defensora.

Y es que, agregó, la ENSARS-CoV-2 muestra la interdependencia del ejercicio del derecho a la salud con otros derechos, como la educación, al juego, al descanso y el ocio.

Al respecto, se refirió al tiempo frente a las pantallas y el incremento sobre el uso de la tecnología, así como el impacto en el desarrollo neurológico de las niñas y niños, desde que nacen.

“Estamos ante una generación completamente diferente a la de 10 años atrás, por las oportunidades y los riesgos del acceso a los medios digitales, la necesaria protección en un espacio poco conocido por la mayoría del mundo adulto; así como el desarrollo neurológico de quienes están en primera infancia, con una sociabilidad limitada y a través de los medios digitales, con poco contacto con el exterior”, advirtió.

Lo anterior significa un reto mayúsculo para el mundo adulto, la sociedad, las instituciones y las autoridades, a fin de aprovechar la información específica y poder diseñar políticas de protección para las niñas y niños para quienes el mundo externo es totalmente ajeno o que simplemente no han visto en su corta vida.

Ramírez Hernández expresó su preocupación sobre aspectos como la inseguridad alimentaria, que entre julio y diciembre de 2020 alcanzó de 25 a 30% de las familias encuestadas, por la falta de empleo y la precariedad a raíz de la pandemia; pero también por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en niñas y niños, desde que nacen y hasta los 11 años, con 66% entre quienes los consumen como parte de su dieta diaria.

Asimismo, sobre la reducción de visitas al hospital o al consultorio de quienes tenían de 0 a 5 meses de edad (apenas 18%) para consultas de vacunación y para seguimiento; así como de los de 6 a 23 meses (51%), cuyas madres cursaron estudios de licenciatura, lo cual coincide con la disminución en el índice de vacunación en México y en el mundo.

A pesar del bajo índice de contagio y de la intensidad de la enfermedad por COVID-19 entre niñas, niños y adolescentes (NNyA), son quienes con el encierro por el distanciamiento social están sosteniendo las principales medidas de la contingencia sanitaria, advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández.

“Ya cumplieron un año fuera de su principal entorno de socialización, que es la escuela, y estando encerrados todo este tiempo en la mayoría de los casos”, apuntó.

En sus comentarios sobre los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición en niñas y niños menores de 12 años (ENSARS-CoV-2), que realizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), exhortó a mirar cómo han transcurrido los últimos 12 meses y los que aún faltan, para resolver desde ahora las afectaciones sobre este grupo etario y antes de llegar a una gran crisis de sus derechos humanos.

Dijo que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población 2020, en el país 20% de la población tiene de 0 a 12 años, que son 25 millones 287 mil 145 personas en ese rango de edad, sobre quienes es fundamental avanzar en la agenda de sus derechos y encaminar los esfuerzos institucionales, para que no haya retrocesos.

Al respecto, mencionó que, desde el 3 de abril de 2020 y hasta el pasado 3 de marzo, diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos han emitido 14 documentos, guías, resoluciones y declaraciones, para realizar acciones alrededor de esta población, ante la crisis sanitaria y también económica derivadas de la pandemia.

Sobre la metodología de la ENSARS-CoV-2, reconoció coincidencias con el enfoque diferencial aplicado en derechos humanos y para el diseño de estrategias que garanticen, protejan, promuevan y respeten los derechos de los grupos y categorías por edad y género.

“El análisis interseccional es otro acierto, porque contribuye a visibilizar a los grupos en particular y permite observar la interacción de diversas categorías, no sumadas de forma aritmética, sino que acumulan y permiten analizar una situación y contexto particular, facilitando así a las instituciones las herramientas necesarias para que den cumplimiento a su obligación de protegerles todos los derechos de niñas y niños”, insistió la Defensora.

Y es que, agregó, la ENSARS-CoV-2 muestra la interdependencia del ejercicio del derecho a la salud con otros derechos, como la educación, al juego, al descanso y el ocio.

Al respecto, se refirió al tiempo frente a las pantallas y el incremento sobre el uso de la tecnología, así como el impacto en el desarrollo neurológico de las niñas y niños, desde que nacen.

“Estamos ante una generación completamente diferente a la de 10 años atrás, por las oportunidades y los riesgos del acceso a los medios digitales, la necesaria protección en un espacio poco conocido por la mayoría del mundo adulto; así como el desarrollo neurológico de quienes están en primera infancia, con una sociabilidad limitada y a través de los medios digitales, con poco contacto con el exterior”, advirtió.

Lo anterior significa un reto mayúsculo para el mundo adulto, la sociedad, las instituciones y las autoridades, a fin de aprovechar la información específica y poder diseñar políticas de protección para las niñas y niños para quienes el mundo externo es totalmente ajeno o que simplemente no han visto en su corta vida.

Ramírez Hernández expresó su preocupación sobre aspectos como la inseguridad alimentaria, que entre julio y diciembre de 2020 alcanzó de 25 a 30% de las familias encuestadas, por la falta de empleo y la precariedad a raíz de la pandemia; pero también por el consumo de refrescos y bebidas azucaradas en niñas y niños, desde que nacen y hasta los 11 años, con 66% entre quienes los consumen como parte de su dieta diaria.

Asimismo, sobre la reducción de visitas al hospital o al consultorio de quienes tenían de 0 a 5 meses de edad (apenas 18%) para consultas de vacunación y para seguimiento; así como de los de 6 a 23 meses (51%), cuyas madres cursaron estudios de licenciatura, lo cual coincide con la disminución en el índice de vacunación en México y en el mundo.