Maestra jubilada consigue acuerdo con Intermercado por gestión del Barzón

octubre 5, 2021

Redacción/El Demócrata. Instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), han provocado graves daños a la economía de las personas jubiladas y pensionadas al no defender su derechos y violar la ley, pues no respetan los límites establecidos para el descuento al salario concepto de pago de créditos.

Luego de pasar siete años con descuentos del 90 por ciento de su sueldo, la maestra María Luisa Vera Martínez manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado por gestión de El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz y su titular Teresa Carbajal, que permitió que le redujeran el pago que ahora solo representa el 17 por ciento de su percepciones por un corto periodo, tras el cual concluirá el adeudo con la empresa.

Aunque no precisó cantidades por motivos de seguridad, explicó que ninguna instancia de gobierno o autónoma como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tomó en serio su caso, a pesar de ser una persona adulta mayor y haber padecido cáncer.

Dijo que acudió a la Condusef y a la CEDH en la espera de que defendieran sus derechos, sin embargo su caso fue ignorado, permitiendo que los descuentos siguieran lastimando su economía y poniendo en riesgo su vida, pues las bajas percepciones que tenía impedían que tomara su tratamiento como requería.

La maestra en retiro explicó que fue en medio de la pandemia, a principios de 2021, cuando acudió al Barzón de Resistencia en busca de un defensa justa para acordar un pago adecuado de la deuda, misma que nunca se negó a pagar. Y para el mes de mayo ya había conseguido establecer un acuerdo de pago.

Reprocha que el Instituto de Pensiones del Estado se haya «amafiado» con algunas empresas y se niegue a apoyar a las personas pensionadas y jubiladas, pues asegura que reciben comisiones por los créditos que gestionan, al respecto opinó que si no van a cesar estas prácticas, sí deberían cambiar el nombre el instituto.

«Del IPE, el que hace las nóminas me dijo que si debía, que pagara. De mi sindicato me dijeron que me metí yo y que eso era cosa mía, no de ellos. Vas y puertas y puertas con tu gremio, que crees que como tengo un sindicato, tengo un IPE, voy a irme con ellos y me van a ayudar y no es así, ellos no ayudan porque es obvio que ellos llevan una participación, desgraciadamente ya no se debería llamar IPE, se debería de llamar Recaudación para Financieras».

Hoy la docente, que sirvió más de tres décadas a la educación de Veracruz, lleva con mayor calma el pago de su adeudo y su tratamiento de salud. Además de que se dijo agradecida con el acuerdo alcanzado, pues no tuvo que llegar a juicio para conseguir un trato justo.

«Para mí fue rápido, muchísimo muy rápido, porque estuve años con la Condusef y me daban largas y hacía oficios, mandaba oficios a México, volvía a decirles y nada, nunca me atendieron. Nada que comparar el trabajo de la Condusef con lo del Barzón».

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