Manuel Bartlett participa en la reunión de embajadores y cónsules
enero 13, 2023
CFE es hoy una institución ejemplar. Es parte central de los proyectos emblemáticos del Presidente: el Tren Maya, el Transístmico, Internet para Todos y los Bancos del Bienestar. Retoma y cumple sus objetivos históricos, anteponiendo una visión social que ha puesto al país cada vez más cerca de la cobertura universal del servicio, superando por primera vez el 99%, y que llevará a los mexicanos más y mejores oportunidades de vida y de desarrollo, con electricidad y ahora con telecomunicaciones y comercialización de combustibles, señaló Manuel Bartlett en su participación en la reunión de embajadores y cónsules..
Señaló que en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promulgó el decreto que dio origen a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí se expresó su objetivo central: “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener, con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.”
Para 1960, el Presidente López Mateos, conducido por los principios nacionalistas y sociales de la Revolución Mexicana, adquiriría a las compañías extranjeras que, interesadas en instalarse únicamente donde les fuera redituable, conformaban un caótico sistema eléctrico.
De tal forma, con la nacionalización de la industria eléctrica, el artículo 27 constitucional otorgaría exclusividad a la Nación para conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Este acto derivó en un decidido impulso al desarrollo nacional.
Son célebres las palabras premonitorias que López Mateos pronunció con motivo de esta nacionalización, advirtiendo que en el futuro, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarían entregar nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.
En 1992, en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, mediante cambios en leyes secundarias, inconstitucionalmente se permitió la entrada de actores privados en la generación eléctrica, a través de los esquemas de autoabasto, cogeneración o generación independiente.
Estos cambios fueron posibles a partir de la trampa que se le hizo a la Carta Magna: mediante una reforma a la ley secundaria, se eludió la disposición constitucional que otorgaba exclusividad a la Nación en la generación que tuviera por objeto la prestación del servicio público. Se excluyó a las nuevas figuras de generación del concepto de servicio público, admitiendo así que actores ajenos al sector público generaran electricidad.
Posteriormente, e insertos en el cuestionable dogma del mercado, cada uno de los titulares del Ejecutivo Federal (Zedillo, con una iniciativa no aprobada, Fox con una reforma al reglamento de la Ley y Calderón con su reforma energética de 2008) realizaron diversos intentos por entregar el estratégico recurso energético a manos privadas. Pero no sería hasta el 2013, con Peña Nieto, que se producirían los cambios constitucionales que acorralarían casi al punto de la asfixia a la CFE.
Entonces y ahora se contrastan claramente las 2 grandes visiones que dominan el debate: la electricidad como una mercancía sujeta a un entorno comercial, o la electricidad como servicio público y, por tanto, como una responsabilidad del Estado.
No obstante, el sistema que se impuso ni siquiera fue lo que prometió: Un sistema moderno de competencia, en el cual la CFE sería un participante más en igualdad de condiciones. Al contrario, con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE.
Múltiples son los agravios que esta legislación acarrea, mencionaremos sólo los más relevantes:
CFE fue fragmentada en 9 subsidiarias y 4 filiales bajo el garlito de la competencia, cuando lo que en realidad se buscaba era fraccionar primero, para desaparecer después a CFE.
Las reglas del mercado simulado impiden que CFE suba su energía a la red para comercializarla, orillándola a cumplir con su responsabilidad de suministrar a 54 millones de hogares a través de la compra de electricidad a los privados.
Dos figuras son la manifestación clara de la injuria y simplificación grotesca de la Como se dijo, los generadores independientes y las sociedades de autoabasto provienen de la reforma de 1992, pero se preservan en la reforma de Peña mediante un artículo transitorio que les garantiza todas sus prerrogativas originales, a condición de no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan.
CFE fue obligada a firmar contratos desfavorables por 25 años con los generadores Al finalizar el contrato, los privados han recuperado entre 3 a 4 veces su inversión original y, además, mantienen la propiedad de la central, convirtiéndose en competidores de la propia CFE.
Adicionalmente, se inventan supuestos excedentes, cuando su esencia legal es entregar el total de su producción a la Comisión, que comercializan en un esquema de autoabasto o en el supuesto mercado de manera
La otra figura son las llamadas sociedades de autoabasto, también mantenidas por el artículo El esquema es el siguiente: Un generador extranjero simula tener socios de un dólar, que en realidad son sus clientes. Apoyándose en las prerrogativas de la ley del 92, se convierten en monopolios privados a los que nadie regula ni fiscaliza, que operan ajenos al esquema de mercado, en donde ni compiten con nadie, ni pagan lo que deben por el uso de la red. Con esto captan a los más grandes clientes industriales del país. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70 mil supuestos socios, lo que está prohibido por la ley.
Entre los 70 mil consumidores beneficiados de este esquema se encuentran bancos, supermercados, farmacias, cerveceras, mineras, cementeras, empresas de telecomunicaciones, toda una élite oligárquica que no paga lo debido, frente a millones de mexicanos que deben cubrir estrictamente su consumo.
De acuerdo con Jeffrey A. Winters, connotado politólogo, oligarquía es la política de defensa de la riqueza por parte de actores dotados El autoabasto no es sino una arena más en donde la clase oligárquica nacional pelea por defender privilegios que cuestan caro a la nación, dentro del entramado diseñado para acrecentar sus riquezas a costa del sector eléctrico nacional.
Estas 2 figuras ilegales, fraudulentas, representan el 42 por ciento del sistema eléctrico Sumado a otros esquemas derivados de la Reforma peñista, actualmente los privados poseen el 62% de la generación total del país.
La Reforma también creó y fortaleció Organismos Reguladores, supuestamente independientes, con los que se arrancó al Estado funciones Son los responsables de la regulación mercantil y antinacional que asfixia a CFE, actuando, además, con franca irresponsabilidad al otorgar permisos de generación indiscriminadamente, sin criterio técnico ni justificación, abonando al caos que ha imperado en el sistema eléctrico.
Uno de estos organismos constitucionales autónomos es la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), antagonista a todas las acciones que en materia energética ha emprendido la presente administración. Su persecución permanente en contra de la CFE bajo la argucia de “libre competencia” la posiciona como la principal promotora de la guerra judicial, o “lawfare”, instrumentada en contra de la Comisión.
El lawfare es el uso estratégico de la ley con el propósito de deslegitimar, dañar o aniquilar al En el lawfare, las normas legales se convierten en armas. Con esto buscan obstruir, ralentizar o incluso detener por completo la operación de la Comisión Federal de Electricidad.
Para este fin incluso crearon sus propios tribunales en materia de competencia, figura clave en la guerra judicial al conformar un entramado institucional y legal, diseñado para proteger y garantizar privilegios a privados.
Cada acción de rescate ha sido respondida con un uso estratégico y tendencioso de la
Ejemplo de esto fue la ofensiva legal que estos grupos de interés desplegaron en respuesta a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Interpusieron 270 amparos, 1 acción de inconstitucionalidad signada por una minoría de senadores opositores, además de una controversia constitucional iniciada por la La Suprema Corte, sin embargo, declararía como constitucional esta reforma.
Con este alarmante diagnóstico, era natural que el Presidente López Obrador realizara todas las acciones a su alcance para remediarlo.
Cumpliendo con su responsabilidad histórica, envió una iniciativa de carácter constitucional para abrogar la perniciosa Reforma Energética heredada.
Los puntos centrales de su propuesta eran:
Recuperar la rectoría del Estado en la conducción del Sistema Eléctrico
- Se reintegraría a la CFE
Recuperar la rectoría del Estado en la conducción del Sistema Eléctrico
Se reintegraría a la
CFE, a través de sus plantas de generación, se encargaría de generar por lo menos el 54% de la energía eléctrica nacional, dejando el 46% a la participación de las empresas
Se planteó la eliminación de todos los mecanismos ilegales vigentes: los excedentes producidos por los Productores Independientes de Energía, así como las sociedades de Autoabasto
Planteó la eliminación de los organismos reguladores “autónomos”, asumiendo la SENER las funciones
El Presidente deseaba que su iniciativa no sólo se distinguiera ideológicamente de la reforma peñista, sino también en su proceso de discusión. Por lo tanto, pidió a los legisladores, actores políticos y funcionarios, que propiciaran un gran debate nacional.
La difusión y discusión de la iniciativa se realizó en dos frentes: uno fue el legislativo, a través de un extenso parlamento abierto; el otro fueron asambleas populares en toda la república mexicana, cara a cara con el pueblo. Diversos funcionarios de CFE acudieron a estos ejercicios, enfatizando la importancia técnica y operativa de estas modificaciones.
Como balance de este histórico proceso tenemos: en el parlamento abierto se realizaron 137 ponencias y más de 73 horas de debate. Del lado de las asambleas, se celebraron más de 300 reuniones informativas.
Pese a este inédito esfuerzo, y en muchos casos la aceptación de las múltiples ilegalidades en las que incurre la reforma del 2013, los legisladores opositores privilegiaron el cálculo político-electoral y votaron en contra del esfuerzo más importante desde la época de López Mateos por regresar al Estado y a los mexicanos el sistema eléctrico.
Aún con este revés, la instrucción recibida por el Presidente López Obrador de rescatar a la CFE se está cumpliendo.
La CFE en 2018 se encontraba en peligro de extinción. Hoy es una institución fortalecida, que ha recuperado su liderazgo en el sector eléctrico mexicano, que invierte en la construcción de 16 centrales nuevas de generación, que representan más de 8 mil Mega watts de capacidad e inversión superior a los 9 mil millones de dólares. Se apuesta por la electricidad limpia con la renovación total de hidroeléctricas o la pionera Central Solar de Puerto Peñasco y los 1,000 MW que producirá para toda la región norte, especialmente la península de Baja California.
CFE es hoy una institución ejemplar. Es parte central de los proyectos emblemáticos del Presidente: el Tren Maya, el Transístmico, Internet para Todos y los Bancos del Bienestar. Retoma y cumple sus objetivos históricos, anteponiendo una visión social que ha puesto al país cada vez más cerca de la cobertura universal del servicio, superando por primera vez el 99%, y que llevará a los mexicanos más y mejores oportunidades de vida y de desarrollo, con electricidad y ahora con telecomunicaciones y comercialización de combustibles.
Se está librando la batalla en el frente jurídico; se ha innovado en el terreno financiero, se continúa luchando contra embates de la naturaleza; y en lo que es su realidad más importante: todos los días, con el impulso de sus trabajadores y el liderazgo del Gobierno Federal, la CFE aporta el impulso vital para el desarrollo de México.
Me siento honrado de participar en esta reunión de enorme importancia con Embajadores y Cónsules. Aquí, los funcionarios del Gobierno compartimos los valores, la filosofía y las líneas de trabajo que orientan nuestra labor, para que ustedes, como representas del país en el exterior, lo puedan difundir a nivel internacional.
Como lo hemos explicado, esta administración se ha esforzado por recuperar la electricidad para los mexicanos, en un acto no solo de soberanía sino también de justicia social.
Rescatar a la empresa más importante del país no significa abstraer a México del entorno internacional o rechazar la participación privada, como constó en la iniciativa eléctrica del presidente López Obrador. Lo que es primordial es que el Sistema Eléctrico Nacional, del que depende todo el desarrollo nacional debe estar en manos del Estado mexicano, como históricamente lo ha sido.