Morena continúa vulnerando derecho y privacidad: Rementería
abril 14, 2021
Redacción/El Demócrata. El padrón de datos biométricos que Morena desea formar afectará gravemente la seguridad de las personas en este país, de todos los partidos, y por supuesto de todos los niveles sociales, aseveró el senador de la República, Julen Rementería del Puerto.
Esto durante la discusión de la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a registrar sus datos biométricos.
“A distancia, no se puede argumentar y no se puede debatir (el dictamen), pero es mentira que vayan a lograr, ni siquiera registrar a más de 120 millones de personas, además de vulnerar sus derechos la protección de datos, y francamente creo que esto amerita un análisis mucho mayor en una reunión con las personas que prestan el servicio”, subrayó el legislador panista.
Cabe destacar que esta reforma creará un Padrón Nacional (datos serán recabados por el IFT), que obliga a los usuarios de telefonía móvil a registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar, facial, y el iris de los ojos, además que, de no registrarse en dicho padrón o hacerlo de manera extemporánea será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de más de 89 mil pesos.
“Lo que han hecho en este gobierno es más que fracasar, dijeron: ‘no va a subir la gasolina’, y no hay mes que no suba; ‘vamos a crecer en la economía a ritmos verdaderamente insospechados’, y hoy vamos en picada; y que, ‘la delincuencia la vamos acabar’, primero dijeron llegando y luego a los 6 meses, han pasado más de dos años y la delincuencia está peor que nunca en el país”, precisó.
Esta reforma no sirve, y como se ha venido haciendo con las Leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, la Corte tendrá que enmendar la plana a la Cámara de Senadores, por ser una ley que es absolutamente improcedente, inconstitucional y violatoria de los derechos de las personas, concluyó Rementería del Puerto.