Pago de estímulos a burócratas de Veracruz, mayor a la inversión en impartición de justicia

marzo 3, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Veracruz se ubica como la tercera entidad que gastó más de lo que aprobó el Congreso local para la operación del poder ejecutivo. En 2019, el primero de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se pagaron 4 mil 206 millones de pesos en estímulos para burócratas, monto que equivale al 98 por ciento de lo que se destina anualmente en justicia.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó el estudio Gasto burocrático: aumentos y recortes (2015-2019), un análisis del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) en el que revela los gastos de las entidades federativas. Veracruz está apenas debajo del Estado de México y la Ciudad de México.

En el 2019, se ejerció un presupuesto de 148 mil 437 pesos, de ese total, 50 mil 970 pesos (el 34 por ciento) se gastó en la operación de las dependencias, salario y prestaciones de los funcionarios estatales.

IMCO analizó la cuenta pública del 2019, que sigue en reserva de parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). Ahí se detalla que 22 millones 407 mil pesos se gastaron en remuneraciones al personal de carácter permanente; 13 mil 681 millones de pesos en prestaciones sociales y económicas; 6 mil 648 millones en remuneraciones adicionales o especiales; y 4 mil 206 en pago a estímulos de servidores públicos.

Si bien se dio una reducción en materiales y suministros, el gobierno estatal incrementó en un 53 por ciento el gasto en remuneraciones adicionales, que abarca todas las percepciones extraordinarias que reciben los funcionarios públicos: primas vacacionales, gratificaciones de fin de año, entre otras.

En el gasto de comunicación social, todos los estados dispararon el gasto para promover sus acciones de gobierno. En el caso de Veracruz, la diferencia entre lo gastado y lo presupuestado fue de 636.9% (se presupuestaron 31.6 mdp y se gastaron 232.9 mdp)

El IMCO destaca que los Congreso locales incumplen con su función de fiscalizar, pues no se analizan esos aumentos al gasto corriente; además, las entidades no priorizan la aplicación del recurso, de ahí que se señala que el monto destinado a los estímulos a la burocracia es mayor a lo que se destina a la impartición de justicia. 

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