Pide a Cámara de Diputados ser quien pida cuentas a David Colmenares sobre lujosa remodelación de su “departamento”

noviembre 8, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. Luego de la denuncia que hicieran integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados por la ostentosa y no justificada remodelación de la sede de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, a cargo de David Colmenares, la cual quedó en el movido tras hacerse pública en octubre pasado por parte del actual presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a este órgano legislativo ser quien exija cuentas la funcionario.

Durante su habitual conferencia de medios matutina, el tabasqueño indicó que estos cambios que ha sido calificados de gran lujo, no están justificados, más sin embargo, avaló que el oaxaqueño haya decidido vivir en la sede de la ASF como él.

La sede del mismo, ubicada en el numero 167 de la Carretera Picacho-Ajusco, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, fue inaugurado en 2017 tras ser insuficiente el esos impuestos que tenían sus antiguas oficinas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y la alcaldía de Xochimilco, el cual costó más de mil millones de pesos y alberga actualmente a 2 mil 500 empleados

En agosto pasado concluyó en el piso 12 de este inmueble, justo donde despacha el auditor David Colmenares, una remodelación de gran calado para dotarle de regadera, calentador de agua, extractor de vapores, clóset y vestidor, todo con acabados de lujo, gastos que sumaron 2 millones 646 mil pesos, monto que fue cargado al erario público de la Cámara de Diputados.

Tras el hecho también Gerardo Lozano, auditor Especial de Cumplimiento Financiero, entregó a finales de octubre a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, que encabeza Pablo Angulo, un oficio donde también denuncia que David Colmenares ha hecho cambios a la legislación interna del organismo, lo cual ha derivado en la no presentación de denuncias de 60 casos que podrían representar al Estado Mexicano un quebranto por más de mil millones de pesos por posibles irregularidades en la administración pública federal.