Pide CDHDF garantizar derechos fundamentales de migrantes

Juan Carlos García. Ciudad de México. Como resultado de las negociaciones realizadas entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio, el Estado mexicano se comprometió a fortalecer la aplicación de su Ley migratoria; y, entre otros a aceptar a las personas migrantes que Estados Unidos retorne una vez que soliciten asilo a ese país; y, detonar medidas para el desarrollo de Centroamérica.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) considera que estos compromisos, así como otros de los que forma parte el Estado mexicano en relación con personas migrantes y sujetas de protección internacional, deben avanzar en el desarrollo e implementación de una política migratoria con enfoque de derechos humanos, que tenga un impacto positivo en su vida diaria.

Esto será posible, si el Gobierno federal y los Gobiernos locales, garantizan que todas las acciones que se implementen se encuentren dentro del marco de legalidad. En ese sentido, la CDHDF reconoce que el la normativa internacional, nacional y local, junto con la experiencia práctica, representa la hoja de ruta a seguir para hacer frente al contexto actual, a partir de la aplicación de los más altos estándares de derechos humanos firmados y ratificados por México, considerando la situación y necesidades especiales de algunos grupos de población, como es el caso de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y población LGBTTTIQA+, entre otros. 

Además, este Organismo está convencido de que sólo a través del diálogo, la solidaridad y la corresponsabilidad interinstitucional e intersectorial podrán desarrollarse acciones que vayan desde la ayuda humanitaria de emergencia hasta el favorecimiento de la inclusión e integración de las poblaciones migrantes en nuestro país. Tal como lo ha declarado el Gobierno mexicano, deberá prevalecer el espíritu de hermandad y colaboración a todos los niveles y sectores, incluyendo el trabajo conjunto con los países de origen de esta población. 

Para ello, será fundamental considerar el papel y experiencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y albergues que brindan atención y defensa a la población migrante y sujeta de protección internacional, y el rol que deberán jugar en este momento. Su participación será fundamental para la construcción e implementación de una nueva política migratoria. 

Por lo tanto, la CDHDF considera que los Gobiernos federal y local deberán: 

• Garantizar el derecho a defender los derechos humanos y que cualquier acción de investigación se realice en el marco de la legalidad y el debido proceso. 

• Identificar en articulación con Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), sociedad civil y organismos internacionales, las experiencias y buenas prácticas que pueden ser retomadas tanto a nivel federal, como de los Gobiernos locales para garantizar la atención de la población bajo un enfoque de derechos humanos. 

• En el caso de la Ciudad de México, considerar la experiencia de atención de los diversos contingentes que llegaron durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019, en particular el Protocolo para la atención humanitaria de emergencia a personas migrantes y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad de México. En albergues o campamentos temporales, desarrollado por esta Comisión. El cual presenta una sistematización de la experiencia de atención a esta población, implementando, incluso atención diferenciada para grupos con necesidades específicas, y que puede fungir como documento base para el desarrollo de los mecanismos de atención humanitaria y políticas de inclusión dirigidas a esta población. 

• Fortalecer las Procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar su interés superior, dado que ha sido un grupo especialmente afectado por las políticas migratorias, y que se desarrollen e implementen los planes de vida y de restitución de derechos correspondientes. Realizar las adecuaciones normativas y prácticas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes migrantes y sujetos de protección internacional no sigan siendo detenidas en las estaciones migratorias, tal como lo ha ordenado el Poder Judicial de la Federación en una resolución histórica emitida por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México. 

• Reformular y reforzar el sistema de protección internacional mexicano en función del nuevo contexto, el cual demandará mayores capacidades en infraestructura, recursos humanos profesionalizados y presupuesto, así como una alianza clara y cercana con organismos internacionales y sociedad civil. 

• Articular mecanismos de trabajo conjunto con los países de origen y destino de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, especialmente con los países de Centroamérica. Considerar la importancia y oportunidad de las ciudades, en el nivel local, como aliados potenciales para el desarrollo y el intercambio de buenas prácticas de atención y protección a esta población. 

• Por último, pero no menos importante, el Gobierno federal y los Gobiernos locales, en particular el de la Ciudad de México, deberán hacer frente a las reacciones que una parte, en aumento de la sociedad mexicana ha tenido ante el arribo de las personas migrantes. Es necesario admitir el racismo y xenofobia existente e implementar medidas que fomenten una cultura de derechos humanos y la inclusión e integración de las personas migrantes y sujetas de protección internacional que decidan quedarse en nuestro país y en particular en nuestra Ciudad. 

Asimismo, es de suma importancia, considerar las cuatro dimensiones de la migración (origen, destino, tránsito y retorno) de forma transversal en la construcción e implementación de la política migratoria, dándole su cabal y particular importancia a cada una de ellas. 

La CDHDF reitera su disposición para acompañar y apoyar el desarrollo e implementación de estas políticas.