Piden cancelación de licencias a personal médico por omisiones y negligencia
septiembre 15, 2023
La cancelación de las licencias profesionales, así como el inicio de procesos legales en contra del personal médico de cuatro hospitales de Nuevo León, que actuaron de forma omisa y negligente con Daniel Emilio Quintana Gutiérrez, provocando con ello su muerte, demandó hoy Lorena Gutiérrez, madre del menor de 16 años, acaecido el 24 de noviembre de 2020 en Monterrey.
Al dar a conocer la recomendación 02VG/2023 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, a del personal médico de cuatro hospitales de Nuevo León, acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Lorena Gutiérrez narró el periplo que tuvieron que realizar aquellos días de noviembre cuando dos médicos, uno de ellos de las farmacias Similares, se negaron a atender al menor y luego siguieron el camino desesperado en cuatro hospitales de la zona metropolitana de Monterrey, la capital neolonesa.
En las cuatro instituciones de salud pública –Materno Infantil de Guadalupe, el privado San Vicente, el Hospital Universitario (UANL) y el Hospital Psiquiátrico – determinaron, sin auscultar al adolescente, un diagnóstico equivocado: ansiedad, por lo que decidieron administrarle medicamentos psiquiátricos, provocando que la úlcera péptica se agravara y le ocasionara una hemorragia masiva que le causó la muerte.
En conferencia de prensa, la directora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, explicó los impactos que las familias de víctimas de feminicidio han tenido que vivir, muchas veces sin la dignidad que se requiere, como lo fue el desplazamiento de Lorena y su familia, tras el feminicidio de la pequeña de 12 años Fátima en 2015, en la Lupita Casas Viejas, Estado de México, hacia Monterrey donde fueron ubicados.
Estos impactos son un tema poco visibilizado y que en el caso de la familia Quintana ponen en evidencia las graves consecuencias, como lo establece la propia recomendación de la CEDH de Nuevo León, donde acusa graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas, como en el caso de Daniel Emiliano, víctima colateral de estas violencias feminicidas.
En ello coincidió la abogada Ana Yeli Pérez Garrido quien señaló que en México ni siquiera existe un censo de las y los huérfanos de feminicidio ni tampoco de las víctimas indirectas de feminicidio lo que revela que no están siendo atendidas de manera adecuada, ni están reconocidos sus derechos a la justicia, a la reparación del año, como es el caso de la familia Quintana Gutiérrez desplazada a Nuevo León desde 2017.
La CEDH de Nuevo León reconoce en su recomendación una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos de Daniel y de su familia: 1) se violó el derecho a la vida, ya que el adolescente murió a consecuencia de la falta de cuidado. 2) Se violó evidentemente el derecho a la salud por no haber realizado un diagnóstico oportuno y adecuado que posibilitará su rápida y efectiva atención lo que pudo haber salvado la vida. 3) El derecho a la integridad personal porque estuvo en un estado de sufrimiento por al menos 24 horas, sin recibir un trato humanitario, pudiendo evitar la larga agonía de haber sido tratado adecuadamente al ingresar al primer hospital.
4) El derecho a la igualdad y no discriminación, lo que ocurrió al ser rechazado desde el primer momento, porque recién había cumplido 16 años y en el hospital argumentaron que solo atendían hasta los 15, lo que la abogada Pérez Garrido calificó como un criterio ambiguo del hospital Materno Infantil, la primera institución donde le negaron la atención médica.
5) La CEDH de Nuevo León también señala que no fue tratado como un ser humano ante una emergencia médica, sino como un usuario, cosificándolo, lo que viola además el interés superior de la niñez.
Durante la conferencia se hizo hincapié en que solo dos de los cuatro hospitales involucrados son investigados, el Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, y el Hospital Psiquiátrico donde le fueron suministrados 10 miligramos de Valium y dos miligramos de Diazepam y que se esperan procedimientos contra el Hospital Universitario (UANL) y el hospital privado San Vicente.
Con dolor recuerda que ya ante la emergencia volvieron al hospital Universitario donde una médica y pasantes le salieron al paso para decirles “no vamos a atender a Daniel aquí, ya me conocían, regresen a su casa, ya le dijimos que le tienen que hacer efecto el ansiolítico y el antidepresivo, no lo vamos a atender y a usted, me dice la doctora que me tocó el brazo y a usted, le vamos a hacer recomendar un grupo de sanación y reflexiones espirituales…”
Por ello, Lorena Gutiérrez, demandó que se retire la cédula profesional al personal médico de las cuatro instituciones de salud, tres públicas y una privada, para que no puedan ejercer su profesión ni en el sector privado ni en el público y señaló que tanto la Comisión Estatal de Víctimas de Edomex como de Nuevo León hicieron caso omiso a las llamadas de auxilio que de forma reiterada hizo la familia durante los tres o cuatro días en que el menor presentaba dolor abdominal, incluso su solicitud fue rechazada a través del sistema del botón de emergencia que les fue proporcionado.
Lorena Gutiérrez dijo que esto que han vivido desde el feminicidio de Fátima, hace nueve años, es lo que les ha tocado vivir como víctimas colaterales de un feminicidio, una sistemática violación de sus derechos humanos, desde la revictimización abismal del Estado mexicano, del sistema de impartición de justicia y de los servidores públicos del sistema de salud. Nadie debería pasar por esto.
La abogada Gabriela Amores, quien también da acampamiento legal a la familia Quintana Gutiérrez dijo que la recomendación tiene medidas de rehabilitación y se investiga a los Hospitales Universitario y San José.
Sin embargo, dijo la abogada, que la recomendación solo señala atención médico, psicológica y psiquiátrica a cuatro de las 12 personas que se encontraban al momento de los hechos en un plazo de 30 días, en el lugar donde se encuentren.
Contempla una disculpa pública de parte de las dos instituciones, misma que previamente rechazó en la conferencia Lorena Gutiérrez.
De igual forma, gira instrucciones a la autoridad competente, para que se inicie responsabilidad administrativa a los servidores públicos que atentaron contra la vida de Daniel Emiliano, lo cual debió iniciar, porque la resolución fue emitida hace 15 días, el mismo lapso que dio la CEDH de Nuevo León.
Asimismo, la Secretaría de Salud deberá atender la recomendación de ejercer mejores prácticas médicas en todos los hospitales, cursos a personal de servicio público y evaluación de recursos humanos y financieros con los que cuentan los hospitales con el fin de poder tener mejores instalaciones y mejores atenciones médicas por parte de su personal.