Piden diputados a STPS fortalecer acciones para erradicar el trabajo infantil

febrero 17, 2019

Ciudad de México. El trabajo infantil se convirtió en asunto de atención prioritaria en la agenda de los gobiernos de todo el mundo, ya que su impacto y daño a la niñez se traducen en altos costos económicos y sociales.

Por ello, el Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a dependencias homólogas de las entidades, a fortalecer acciones para detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MTI), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años ascendió a 29.3 millones. De este universo, 3.2 millones (11 por ciento) realizaron trabajo infantil; 62.7 por ciento son hombres y 37.3 por ciento, mujeres.

La tasa de trabajo infantil por entidad federativa reportó que Nayarit tuvo mayor registro con 19.7 por ciento, seguido de Zacatecas, Campeche y Tabasco. Los índices más bajos se observaron en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Querétaro.

El dictamen con punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, menciona que la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas, con 13.6 por ciento, a diferencia de las áreas más urbanizadas, donde alcanzó al 7.6 por ciento de la población de 5 a 17 años de edad.

En relación con los motivos por los que trabajan los niños, niñas y adolescentes, destaca el pago de la escuela y gastos propios, con el 22.1 por ciento; el gusto de ayudar, 21.9 por ciento; para aprender un oficio, el 14.7 por ciento; pagar deudas, no estudiar u otra razón, 12.8 por ciento y porque el hogar necesita de su aportación económica, 10.7 por ciento.

Menciona que el trabajo infantil daña el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, al comprometer su acceso a la educación y, por consiguiente, transgrede sus derechos humanos constitucionales, principalmente a la salud al bienestar y, sobre todo, a la educación.

El documento precisa que el trabajo infantil en México es una forma de violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ya que “entorpece su desarrollo, les produce daños físicos, psicológicos y emocionales, y les prohíbe acceder al derecho a la educación”.

Menciona que la pobreza extrema obliga, en mucho de los casos, al padre o madre de familia a emplear con terceros a sus hijas e hijos para obtener una remuneración o realizar trabajos en su propio entorno familiar, con el objeto de allegarse de lo necesario para subsistir.

Por ello, es vital establecer programas sin distingo de raza, religión e inclinaciones políticas, así como combatir la pobreza extrema, con la intención de que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la educación.