Plan B de AMLO da margen a que dinero del narco entre en campañas: INE
marzo 10, 2023
Isabel Ortega/Xalapa. La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey que aunque en el Plan B de la reforma electoral restringe la actividad del órgano electoral, dejó carta abierta al crimen organizado y al financiamiento de campañas.
Planteó que había muchos temas que se podrían plantear en la reforma y que no se tocaron, “yo soy muy insistente en la incidencia del crimen organizado, en cómo tener mejores mecanismos para prevenir el lavado de dinero en las campañas, y el uso del dinero en efectivo en las campañas”.
Por el contrario, dijo, el Plan B restringe al INE para no poder requerir información, lo que es gravísimo pues se tiene antecedentes como los Amigos de Fox, Odebrech o Pemex Gate, hace imposible investigar.
Reconoció que aunque se publicó una nueva ley general de comunicación social, que da paso a que los funcionarios se puedan promover con recursos públicos con miras a un nuevo proceso electoral, esa reforma no puede estar por arriba de la Constitución.
En ese sentido, comentó que el artículo 134 constitucional dice que los funcionarios públicos no pueden usar recursos públicos para interferir en las contiendas electorales federales, ni violentar la equidad.
La funcionaria del INE adelantó que van a empezar a generar reglamentos para que se sancione a quienes haciendo uso de la nueva ley, se puedan promover con miras a lograr un nuevo puesto de elección o representación popular.
“Hay un tema que nos preocupa, es un tema de violentar la constitución, esto es una Reforma Legal pero no puede estar por encima de la Constitución, vamos a empezar a modificar los reglamentos otra vez, pero claramente, una cosa que debe privar es el Estado de Derecho”.
La Carta Magna señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
La nueva LGCS de la 4T permite que los entes públicos difundan información, entre otras, sobre la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales; aspectos relevantes de las políticas públicas, rendición de cuentas y un amplio catálogo de acciones, todo ello con cargo al presupuesto público.
Según el texto, “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Es decir, cualquier cosa que digan los gobernantes (incluso durante los procesos de consulta popular, revocación de mandato y durante las campañas electorales, cuando por ley debe suspenderse la propaganda), apelando a su libertad de expresión, no se considerará “propaganda gubernamental”.
En otro tema, planteó que es necesario que los Congresos locales empiecen a generar leyes que obliguen a las redes sociales, llámese Facebook, Tic Tok, o Instagram a hacerse responsables de los que suben, pues es uno de los medios en los que se genera mayor violencia política de género.