PMA emite declaratoria de emergencia por basurero de Tierra Blanca; Tito Delfín está detenido por concesionar el servicio

octubre 12, 2022

Isabel Ortega | Xalapa, Ver.- Luego de la detención de Tito Delfín por delitos ambientales, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), que dirige Sergio Rodríguez, emitió una Declaratoria de Emergencia Ecológica por el tiradero a cielo abierto de Tierra Blanca.

El tiradero se ubica en el camino al Jícaro y la carretera a San Joaquín del Municipio de Tierra Blanca, que fue gobernado por el panista, quien fue reaprehendido por delitos ambientales, el 22 de septiembre pasado.

Mientras el político panista está recluido en el penal de Pacho Viejo, el Ayuntamiento de Tierra Blanca y la empresa Comercializadora Bertocal del Sur, S.R.L., están sentenciados a llevar a cabo medidas de remediación en un plazo de 18 meses. Una vez que concluyan los trabajos se ordenará el cierre definitivo del sitio.

El tiradero continuará clausurado, por lo que ha quedado prohibido la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; depositar residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las celdas que hayan cumplido su vida útil; y está estrictamente prohibido la quema de basura en el sitio, según lo publicado en la gaceta oficial del estado.

Además, a la empresa Comercializadora Bertocal del Sur, S.R.L. de C.V. se le suspendió la concesión que tiene por 10 años para la prestación del servicio público de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos municipales.

La medida se desprende del expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-102/2019, que se inició en contra del Ayuntamiento de Tierra Blanca, toda vez que la autoridad municipal no cumplió con las medidas de remediación que se le impusieron.

Como parte de la remediación se deberán aplicar proyectos de clausura y remediación del sitio en un tiempo que no exceda los 18 meses, y emitir los reportes mensuales de seguimiento de avance en la aplicación de dichos proyectos. 

Tendrán que hacer trabajos para controlar los lixiviados y canalizarlos a la Laguna de lixiviados con capacidad que garanticen la recepción de lo generado en las celdas de depósitos; y ejecutar programas de reforestación en el área impactada o en sitios asignados en coordinación con la procuraduría, que considere la preservación de los ecosistemas. 

Así también deberán de recolectar, disponer, compactar y cubrir los residuos para garantizar que no se dispersen; implementar un sistema de biogás con mantenimiento y monitoreo constante de las emisiones.; y poner en marcha un programa para reducir la fauna nociva.

Tendrán que implementar un programa de contingencias y emergencias ambientales que contemple las etapas de operación y clausura definitiva del sitio; y dar mantenimiento al canal desazolvando, tomando en cuenta medidas sanitarias y de seguridad, garantizando que pueda fluir los lixiviados sin sobrenadantes hacia la laguna de lixiviados. 

Asimismo, deberán tramitar y presentar su Dictamen Técnico de Riesgo de Protección Civil y un programa de mantenimiento; rehabilitar la malla ciclónica del perímetro del sitio; e instalar drenes de agua pluvial para garantizar la correcta disposición del agua y no sobre cargar la laguna de lixiviados.

Los abogados del panista habían conseguido un amparo para que pudiese salir en libertad este viernes 23 de septiembre, sin embargo, un juez determinó que permanecerá en la prisión ahora por la denuncia 336/2022.

Tito Delfín fue alcalde de Tierra Blanca en el periodo 2011-2013 y en su administración aprobó concesionar el servicio de recolección de limpia pública. Las empresas contratadas violaron las normas ambientales y contaminaron el predio que se usaba como tiradero a cielo abierto, razón por la que el panista permanecerá seis meses en prisión, sin derecho a fianza.

Se le acusa de haber actuado con dolo como actor material directo por descargar o arrojar contaminantes que deterioren la atmósfera o provoquen o puedan provocar daños graves a la salud, la flora o, en general, los ecosistemas cuya conservación o preservación sea competencia de las autoridades estatales o municipales.