Poder Judicial concede amparo a Marco Antonio

Redacción/Ciudad de México. La tarde del 23 de enero de 2018, en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús —Atzcapotzalco—, el preparatoriano Marco Antonio, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado; la oportuna respuesta de organizaciones defensoras y la indignación social que se manifestó en el país permitieron que reapareciera cinco días después en Tlalnepantla, Estado de México, con severos daños de salud.

Tras el análisis exhaustivo del caso, incluido lo sucedido durante los cinco días transcurridos entre la detención y su reaparición, y contra la negación sistemática de autoridades de la CDMX y el Estado de México de que hubiera sido víctima de desaparición forzada, al otorgarle a él y su familia la protección de la justicia federal el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el 9 de mayo anterior, determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.

La Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro “adolescente problemático”. Las organizaciones defensoras documentaron judicialmente esta negativa, así como la de brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente. Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva.

De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.

Acerca de esta importante decisión jurisdiccional, las organizaciones que hemos brindado acompañamiento a Marco Antonio y su familia a lo largo del proceso recordamos que:

1. La desaparición forzada es un delito y una violación de derechos humanos, un crimen contra la humanidad, al afectar la dignidad humana, la integridad personal, psíquica y moral, la libertad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el acceso a la jurisdicción, y el derecho a conocer la verdad y a la justicia.
2. El análisis legal del amparo debe considerar su naturaleza compleja como violación de derechos humanos, su carácter continuado o permanente y el contexto en el que ocurrió, para determinar sus efectos prolongados y enfocar integralmente sus consecuencias.
3. El amparo persigue, además, dictar las medidas necesarias, efectivas e idóneas para lograr la localización de la persona y que cesen las violaciones de derechos humanos en su contra y contra las víctimas indirectas, como los familiares, y asegurar su comparecencia.
4. La falta de información, privar de la verdad a las y los familiares, y la ineficacia de los recursos para la localización de la persona constituye una forma de trato cruel. El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad personal a través de investigaciones efectivas.
5. La interpretación de la Ley de Amparo a la luz del artículo 1º constitucional permite concluir que el amparo en estos casos no se extingue con la localización de la persona, ni cesan sus efectos con su aparición. Es decir, qué se lograra la reaparición de Marco Antonio cinco días después por la intensa movilización social, no significó desaparecer el hecho delictivo de la desaparición forzada, y en consecuencia la investigación y persecusión de los presuntos responsables.
6. La carga de probar esta violación de derechos humanos se interpreta según las convenciones internacionales y el Estado es responsable de probar que no la cometió, y no la víctima o su familia.
7. Finalmente, en estos casos la concesión del amparo implica las medidas de reparación integral.

Nos congratulamos de esta decisión del Poder Judicial. Daremos seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación integral por parte de instituciones y autoridades implicadas.

La madre y el padre de Marco Antonio han pedido expresamente a los medios periodísticos su comprensión para que sea respetada su privacidad y evitar una nueva revictimización, por lo cual no concederán entrevistas. Solicitan que todo contacto y o declaración pública sea a través de Simón Hernández León (IJPP), vía el teléfono móvil 5513934954, o Juan Martín Pérez (REDIM) vía el 5530451559.