Por capricho, jueces se niegan a dar audiencias a imputados por delito de ultrajes
marzo 15, 2022
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A 14 de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, sólo ocho personas -de las más de mil 33 que fueron acusadas por ese ilícito- están en libertad.
Actualmente el Movimiento por la Justicia, al que se integraron abogados veracruzanos, han solicitado al menos 40 audiencias que han sido diferidas por “capricho” de jueces y fiscales, que están incurriendo en una ilegalidad, informó el abogado veracruzano Tomás Mundo Arriasa.
El litigante recordó que, desde el 1 de enero, los ministros confirmaron la ilegalidad del delito y notificaron al Congreso de Veracruz tres días después, sin embargo, a 10 días de que se informó sobre la obligación de publicitar se han negado a publicarlo en la Gaceta Oficial del Estado.
Por esa razón, dijo, jueces y ministerios públicos han programado audiencias que luego se posponen o cancelan, se argumenta que los trabajadores del poder judicial están enfermos, con la idea de evitar que los detenidos puedan obtener su libertad.
El abogado, insistió, que las acciones se están tomando con la intención de que la Fiscalía pueda integrar nuevas carpetas de investigación en tiempo récord, notificar a las personas los nuevos “delitos” que se les imputan, y así evitar que puedan salir de la cárcel.
“El Estado ya está notificado, tanto el Poder Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General y el propio Congreso, de la determinación. Lo que sigue ahora es que el Congreso haga la adecuación al tipo penal, haga la publicación en la Gaceta del Estado”, dijo.
El abogado comentó que el Congreso es omiso, y la presidenta del Tribunal Inés Romero Cruz, que es una ignorante de derecho, se ha negado a ordenar que se programen las audiencias, “porque los Fiscales o se enferman o se inventan un pretexto y se difieren las audiencias, a pesar de que la gente ya tendría que salir de la cárcel”.
El diputado local, Jesús Velázquez comentó que, ante la negativa de los jueces de programar las audiencias, es posible que los abogados puedan recurrir a un amparo, con la intención de que se les obligue a salir.
“Ante la negativa del juez, una vez que lo solicitaste ante el juez de control, lo que procede es un amparo, efectivamente el delito está declarado inconstitucional, e independiente que el Congreso lo haya derogado o no, la derogación es un hecho público y notorio, se puede pedir un amparo”.
Dijo que ya no hay delito, como ya no está tipificado como un ilícito, las personas ya están en el aire, por lo que se les tiene que insistir a los jueces en otorgar su libertad.
“Se puede proceder contra el Congreso, porque no han derogado el delito, pero los jueces no pueden negarse a citar a las audiencias”, insistió.
¿Quiénes ya están en libertad?
El primero en lograr su libertad fue Herber Rafael, su hermano José Galán Contreras también salió del penal días después. Habían sido detenidos por “ultrajes a la autoridad y obstrucción a las vías de comunicación, por limitar un terreno de su propiedad, y por el que están peleando con la cementera Moctezuma, en el municipio de Actopan. Fueron encarcelados el 8 de octubre del 2021.
César Julián Herrera Víquez, oriundo de Costa Rica fue liberado el 10 de marzo. Pasó 7 meses preso tras ser detenido en agosto pasado acusado de ultrajes a la autoridad, delito declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A él lo detuvieron en un operativo en Coatepec, y luego de que su familia denunció su desaparición, las autoridades lo presentaron como un supuesto integrante de un grupo criminal, al final solo le imputaron ultrajes.
En las primeras horas del viernes 11, un juez federal otorgó un amparo para liberar a cinco de siete policías que fueron detenidos en diciembre del 2020, acusados de vínculos con el crimen organizado y con el grupo delictivo Sombra.
El abogado Arturo Nicolás Baltazar confirmó que a los imputados también se les acusó del delito de ultrajes a la autoridad, que se reformó en marzo del 2021.