Preguntas y respuestas sobre la movilización del 26 de febrero

Luego de que el pasado 13 de noviembre se convocara a una primera marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma electoral, ahora se ha convocado a un concentración.

En defensa de la democracia y del INE, organizaciones de la sociedad civil convocaron a una segunda manifestación, que se realizará el 26 de febrero a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros puntos del país.

¿De qué se trata esta nueva movilización?
Se trata de una concentración ciudadana en seguimiento a la marcha del 13 de
noviembre #ElINENoSeToca en defensa del INE y de la democracia y en contra del
llamado plan B que atenta contra las elecciones libres y limpias.

Esta concentración que hemos denominado #MiVotoNoSeToca se llevará a cabo en el
Zócalo de la Ciudad de México frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en
al menos, hasta ahora, en 35 ciudades del país a las 11:00 de la mañana, de manera
pacífica y respetuosa, en defensa de nuestros derechos y libertades y representa un
llamado a la máxima unidad de las y los mexicanos frente a la amenaza autoritaria
desde el poder.
¿Por qué el 26 de febrero?
Para darnos tiempo a que la ciudadanía y las organizaciones tengamos mayor tiempo
de convocatoria para las movilizaciones, para que quienes están organizando la
defensa jurídica tengan el tiempo necesario y las condiciones para presentar opciones
a la ciudadanía y porque en los hechos no hay certeza de cuándo terminará de
aprobarse en el congreso la segunda parte de este permicioso plan B.
¿Quién la convoca?
Hasta ahora más de 60 organizaciones de todo el país entre las que se encuentran las
seis organizaciones que integran Unid@s: Frente Cívico Nacional, Sí por México, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano, UNE México y Unidos por México (exgobernadores).
¿Cuáles son los principales riesgos de este llamado plan B?
De entrada, es anticonstitucional porque viola los artículos 35, 40 y 41 referentes al
voto libre en elecciones auténticas y democráticas, viola la autonomía constitucional
del INE, pero además abre la posibilidad de:

• Que se anulen las elecciones. Ante la reducción de personal, se pone en riesgo
  la capacitación de funcionarios de casilla y la instalación de las casillas el día de
  la elección, lo que pone en duda todo el proceso.
• La confiabilidad de nuestra credencial de elector también está en peligro. El
  plan B exige cerrar los módulos del INE e instalarlos en oficinas de gobierno, bajo
  sus reglas, condiciones y horarios, lo que pone en grave riesgo el padrón
  electoral, nuestros datos personales y el proceso de credencialización oportuna,
  confiable y gratuita para todos.
• No habría PREP ni conteos rápidos. La falta de personal también pone en riesgo
  la certeza en el resultado de la elección porque ya no habría programa de
  resultados electorales preliminares ni conteos rápidos, lo que anticipa
  incertidumbre y posibles conflictos poselectorales.
• Afecta la equidad en la contienda porque permite que funcionarios públicos,
  como el presidente, gobernadores o alcaldes, utilicen recursos públicos y
  programas sociales para hacer campaña.
• Pretende que en cada ciudad o zona metropolitana donde haya más de un
  distrito, solamente se tenga una oficina distrital, por lo que por ejemplo, en
  la zona metropolitana de la Ciudad de México habría una sola oficina con una
  sola persona para atender y recibir los paquetes electorales de los 52 distritos el
  día de la elección.
• Desmantela prácticamente al INE. La reforma contempla reducir un 84.6% al
  personal de Servicio Profesional Electoral y desaparecer la rama administrativa.

• Al extinguir los fideicomisos que el INE obtiene del pago que los bancos le hacen
  por consultas al padrón, se pone en riesgo el mantenimiento y actualización
  de los equipos tecnológicos para la fotografía, firma y huella digital que se
  utilizan para hacer las credenciales de elector.
• La reforma plantea que sea la Secretaría de Relaciones Exteriores quien valide
  los datos de mexicanos en el exterior y que puedan votar sin credencial de
  elector.
• En síntesis, pone en riesgo todo el proceso democrático que las y los
  ciudadanos hemos construido en más de 30 años de existencia del IFE-INE.

¿Los partidos políticos están convocados a esta movilización?
Están convocadas todas aquellas personas, organizaciones y fuerzas políticas que estén
en defensa de la democracia y en contra del plan B, pero los protagonistas, como el
pasado 13 de noviembre, son los ciudadanos.
¿Qué podemos hacer legalmente para defendernos?
Básicamente tres cosas:

1. Acciones de Inconstitucionalidad que interpondrán: la oposición política en
   ambas cámaras y los partidos políticos con registro nacional.
2. Las controversias constitucionales que pomoverán: el INE, los organismos
   electorales estatales, los congresos estatales, los municipios y el presidente de
   la Cámara de Diputados.
3. Por nuestra parte, las y los ciudadanos podemos interponer amparos para tratar
   de que una vez promulgada esta ley, lograr una suspensión para evitar que entre
   en vigor, debido a que el daño que provocaría resulta irreparable y porque se
   está violando nuestro derecho a la identidad y a elegir libremente a nuestras
   autoridades

Las organizaciones convocantes pondremos en su momento a disposición de la
ciudadanía un formato de amparo para quien quiera promoverlo en lo individual.
Además el personal del Servicio Profesional Electoral del INE, a quienes se les
están violando sus derechos laborales, también pueden ampararse ante la
justicia.
Buscamos que esta sea la norma más impugnada de la historia para mandar un
claro mensaje al los tres poderes de la Unión, pero sobretodo al Poder Judicial,
de que las y los ciudadanos estamos dispuestos a dar la batalla en defensa de la
democracia desde todas las trincheras y hasta sus últimas consecuencias.
¿Cuánta gente esperan esta vez?
En la marcha del 13 de noviembre no esperábamos el nivel de respuesta que tuvimos,
pero como los ciudadanos no manejamos padrones ni acarreamos personas y cada
quién llega por sus propios medios, es difícil calcularlo; sin embargo, tenemos plena
confianza en que habrá una gran respuesta ciudadana porque la gente está dispuesta
a participar en la defensa de la democracia, sus derechos y libertades.