Presidencia impugna freno a la distribución de libros de texto en Chihuahua
La Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, que ordena no distribuir los libros de texto gratuitos en Chihuahua, y solicitó ordenar la inmediata entrega para garantizar el derecho a la educación de menores en la entidad.
“La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien ordenó dejar sin libros de texto, por tiempo indefinido, a los estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua, lo cual viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución”, informó la dependencia en un comunicado.
Según la Consejería Jurídica, para garantizar el derecho a la educación básica, el artículo 18 de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua dispone que es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y materiales educativos complementarios que la SEP le proporcione.
“Ante la improcedente solicitud de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al promover una controversia constitucional en contra de la distribución de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024, el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar porque el propio gobierno de Chihuahua confiesa que los libros de texto ya están en posesión de las autoridades educativas de la entidad y, por tanto, debe distribuirlos”.
La Consejería Jurídica de Presidencia insistió en que es lamentable que un ministro del máximo tribunal de justicia del país actúe “flagrantemente” en contra de los derechos fundamentales que consagra la constitución al aceptar la solicitud de la gobernadora, pues la sentencia final podría retrasar hasta dos años la distribución de los libros.
“Al impedir que los estudiantes cuenten con los instrumentos educativos necesarios para su formación académica hasta que, en uno o dos años, la SCJN dicte la sentencia respectiva, lo que puede ocasionar un retraso en el proceso de aprendizaje de los menores que no se repararía en modo alguno”.
Finalmente, la dependencia consideró que los padres de familia también deben defender el derecho a la educación de sus hijos ”ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos, necesarios para el desarrollo educativo de la infancia del estado de Chihuahua”.