Presidenta del TSJE podría ser enjuiciada por no reinstalar a magistrados
agosto 21, 2020
Isabel Ortega/Xalapa. La presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta podría ser destituida y encarcelada por incumplir con la sentencia que obliga a reinstalar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo.
La representante del poder judicial está incurriendo en el incumplimiento de un deber legal, situación que también alcanza al Congreso local y al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez al publicar el decreto que nombró a seis magistrados locales, pues en tres casos existían amparos que limitaban las nominaciones.
Las magistradas Concepción Flores Saviaga y Yolanda Castañeda, anunciaron que van a recurrir a la controversia constitucional para echar abajo los nombramientos y la adscripción de los nuevos magistrados locales.
Magistradas promoverán controversia ante SCJN
En conferencia de prensa, Flores Saviaga recordó que este 21 de agosto vence el plazo para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que hizo un llamado a los magistrados del Pleno del Poder Judicial para que respalde con sus firmas la controversia.
Indicó que tres de los seis nombramientos se realizaron fuera de la ley, ya que los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que fueron destituidos por haber cumplido 70 años, cuentan con amparos federales en los que se establece que deben ser restituido en el cargo.
Mientras que la magistrada Gladys Pérez Maldonado cuenta con un recurso federal con el que se impide que otra persona sea colocada en el cargo que ocupaba, previo a ser destituida por el Congreso local.
Al inicio del mes de agosto se acordó presentar dos controversias constitucionales, recordó, por lo que dijo que, aunque la presidenta no acuda ante los ministros, ellos pueden hacerlo.
“Hago la convocatoria a los que estuvieron en la sesión a que no incurran en la irresponsabilidad y omisión de no hacer la controversia”, dijo.
Presidenta del TSJE podría ser encarcelada
La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, dijo que la sentencia que llevaría a la restitución de Marco Antonio Lezama y Roberto Dorantes Romero se debe acatar, pues el juez simplemente ordenó que se reincorpore al trabajo judicial.
En consecuencia, dijo, podría ser inhabilitada para desempeñar cualquier función pública, ser separada del cargo o alcanzar una sesión penal.
El Poder Judicial de la Federación está facultado para hacer del conocimiento del Ministerio Público federal el desacato de la magistrada y actuar en consecuencia.
“Le dieron tres días (para cumplir con el amparo), plazo que venció esta semana. Podrían aplicarse penas como la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público o ser separada del cargo”, dijo.
No se descarta juicio político contra Sofía Martínez
Lo procedente, después del nombramiento de seis personas, cuando solo había tres magistraturas vacantes es que el Congreso local realice una sesión para revocar al menos tres nombramientos.
“Lo que procede es que, si legalmente el Congreso y el señor Gobernador quieren rectificar el error en el que incurrieron y no hacer presión política para no destituir a los compañeros, es hacer una sesión del Congreso para revocar la determinación de incluir a las personas como vacantes”, expuso Flores Saviaga.
Las dos entrevistadas plantearon que también existe la posibilidad de que la sociedad civil o abogados soliciten un juicio político contra la presidenta del TSJE, por las omisiones en su desempeño como encargada de administrar justicia en la entidad.
Gobernador también es omiso, desconocer la ley no lo exime de aplicarla
Al responder a lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aseguró que los amparos se atribuyen a la negativa de los magistrados de aceptar los cambios, la magistrada Concepción Flores Saviaga, aseguró que ellos sólo están haciendo valer la ley.
Reconoció que los asesores o “peones” del Ejecutivo deberían de explicarle cuál es la situación que priva en el Poder Judicial, pues no se tendrían porqué dar seis nombramientos cuando sólo hay tres espacios libres.
En ese sentido, dijo, que si bien García Jiménez no es abogado, el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad de hacerla valer , máxima legal que también aplica para los legisladores locales que validaron las seis nominaciones que presentó el Ejecutivo.