Proponen cárcel a quienes no activen enseguida protocolos de búsqueda
febrero 21, 2020
México/Notimex.-El Congreso de la Ciudad de México presentó reformas para elevar a rango de ley la Alerta AMBER e imponer de dos a ocho años de presión a los servidores públicos que no inicien de forma inmediata las carpetas de investigación y protocolos, así como a quienes filtren imágenes de víctimas.
El vicecoordinador del grupo de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó la reforma, así como una al Código Penal con el objeto de sancionar hasta con ocho años de cárcel a quien omita la activación y los protocolos de actuación.
El legislador opinó que «es necesario implementar acciones legislativas a fin de generar condiciones para que los ministerios públicos activen el protocolo de búsqueda homologado», en los casos en los que se presuma que se encuentra en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños.
Por otra parte, también en la sesión del Pleno, la diputada Isabela Rosales propuso la adición del Artículo 293 Quater al Código Penal local para castigar con hasta ocho años de presión y una multa de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a los servidores públicos que difundan indebidamente material audiovisual.
La diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre de la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, presentó la iniciativa y señaló que las sanciones previstas se duplicarán cuando esta conducta tenga como resultado el menoscabo de la dignidad de la o las víctimas y sus familiares.
La intención, explicó, es evitar la divulgación de imágenes con los cuerpos de mujeres asesinadas y, a la vez, propiciar que el gobierno capitalino y las dependencias de impartición de justicia emitan información fidedigna para su difusión en los medios como una fuente seria.
En su oportunidad la diputada Guadalupe Aguilar Solache, de Morena, resaltó que ante el impacto e indignación que causó el asesinato de Ingrid Escamilla, por las imágenes difundidas por servidores públicos, se hizo evidente la necesidad de impulsar una iniciativa para proteger la integridad de las víctimas y sus familias.
La propuesta, explicó, contempla reformar la redacción del primer párrafo del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México «a efecto de que las personas servidoras públicas salvaguarden en todo momento la protección de datos personales y la dignidad y honor de las personas, particularmente de quienes sean consideradas víctimas».
En tanto, el diputado Eleazar Rubio Aldarán presentó la iniciativa para incluir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la vigilancia y denuncia de los actos violatorios que sucedan dentro de los centros de reclusión por la problemática de las agresiones físicas.
Mencionó que «el Inegi recabó información en la que se desprende que en las cárceles estatales y municipales se cometen la mayoría de los agravios y la policía municipal y ministerial es la que más violenta los Derechos Humanos de los detenidos en un 32.5 y 33.6 por ciento, respectivamente».
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos.