Proponen Ley Marilyn Cote para encarcelar a usurpadores de funciones

La diputada local de Morena, Graciela Palomares Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado la “Ley Marilyn Cote” para sancionar hasta con seis años de cárcel la usurpación de funciones en Puebla, tras el caso de la falsa psiquiatra.

Este jueves durante sesión ordinaria, la legisladora propuso reformas al artículo 258 del Código Penal del Estado, con la finalidad de triplicar las sanciones por el delito de usurpación públicas o de profesión.

Desde tribuna, expuso que la iniciativa surge a raíz del caso de Marilyn Cote, quien se hizo pasar por psiquiatra y recetó medicamentos controlados por varios años, a pesar de no contar con títulos en Medicina.

Apuntó que además de tratarse de un delito, este tipo de prácticas pusieron en riesgo la salud de las personas que acudieron con ella a consulta, hecho que también fue condenado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“El caso de Marilyn Cote, una persona que se ostenta como psiquiatra y que aparentemente no cuenta con los títulos y las credenciales adecuadas, conmocionó a la sociedad poblana prometiendo curar la depresión y la ansiedad en tan sólo ocho días, situación que puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas que reciben sus servicios”, comentó.

En ese sentido, consideró urgente garantizar que las personas que acceden a servicios profesionales, lo hagan de la mano de expertos capacitados que cuenten con los títulos y licencias correspondientes.

Actualmente, el Código Penal de Puebla contempla sanciones que van de dos meses a dos años de prisión, así como multas de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por usurpación de funciones.

Con la propuesta de Grace Palomares, las penas incrementarían de dos a seis años de cárcel y multas económicas de 200 a 500 UMAS, para quien ofrezca públicamente sus servicios como profesionista sin tener título o autorización para ejercer.

Además, se agrega un párrafo para establecer que el Ministerio Público y la Policía Estatal deberán proceder de oficio cuando tengan conocimientos de los hechos, cuando se atente contra la vida, seguridad y salud de la población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración del Congreso local para su análisis y posible aprobación.