Publicación de salarios de maestros está dentro de la ley
Se ha establecido por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de la Nación que estos deben transparentarse.
abril 22, 2019
Yhadira Paredes, Xalapa. La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez afirmó que la plataforma del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) donde se dieron a conocer los salarios de todos los funcionarios públicos federales se encuentra dentro de la normatividad.
Entrevistada a su llegada al Organismo Público Local Electoral (OPLE) donde se llevó a cabo indicó que en el caso de los servidores públicos incluso dentro del propio Poder Judicial donde se establece que se tienen un ámbito de protección menor que cualquier otro ciudadano.
“Algunos de nuestros datos, aun cuando son considerados datos personales y su naturaleza tendrían que ser confidencial pueden ser dados a conocer, el caso de aquellos datos personales que sean un requisito para ocupar el cargo, como edad, grado académico”.
En el caso de los sueldos, se ha establecido por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de la Nación que estos deben transparentarse porque a los servidores públicos les pagan con recursos públicos.
Recordó que se han presentado incluso amparos donde los servidores argumentan que están en peligro su integridad y su vida y han solicitado que se baje la información y la respuesta es negativa.
“Es obligación de transparencia que la ciudadanía conozca cuánto ganamos los servidores públicos, incluso aun cuando haya la posibilidad de que esté en riesgo el propio servidor público. Estos criterios de la corte tienen muchos años, son de 2003, lo que habría que replantear es si el Poder Judicial pudiera cambiar el criterio”, dijo.
García Álvarez afirmó que la ciudadanía siempre ha tenido un gran interés de saber cuánto gana un funcionario público.
Finalmente aclaró que desde maestros hasta intendentes que cobran un sueldo federal son funcionarios públicos que están obligados a dar a conocer sus percepciones.