Puede INE ser referente internacional de contribución a la democracia: Taddei Zavala

•   Es impostergable avanzar en el contraste de la desinformación con elementos de veracidad y certeza, dice
•   Se comprometen partidos políticos a firmar un pacto ético de civilidad para combatir las noticias falsas y la desinformación

  Con la organización de foros internacionales como la II Cumbre de la Democracia Electoral, de análisis y estudio sobre las redes sociales y la Inteligencia Artificial, se deben generar procesos electorales cada vez más sólidos y contribuir a la democracia de los países de América Latina, lo cual puede ser un referente en el mundo entero, sostuvo la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

  Durante la ceremonia de clausura de esta cumbre internacional, titulada “Las Autoridades Electorales ante la Desinformación”, agregó que las temáticas abordadas plantean la necesidad de avanzar en el contraste de la desinformación con elementos de veracidad y de certeza desde las instituciones.

  En presencia de Máximo Zaldívar, Director para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES por sus siglas en inglés) y de manera virtual de Michael Frendo, Vicepresidente de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, Taddei Zavala afirmó que estos temas deberán analizarse y estudiarse en los ámbitos académico, político y jurídico-electoral en todas las legislaciones del Continente Americano, con la finalidad de preservar la integridad de los procesos electorales.

  Que el PEF 2023-2024 sea con respeto y civilidad: partidos políticos

  Partidos políticos nacionales se comprometieron a firmar un pacto ético de civilidad, con el establecimiento de un marco común de principios, a fin de combatir las noticias falsas y la desinformación y para que el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024 se lleve a cabo con respeto, veracidad y civilidad, fortaleciendo la cultura democrática de la ciudadanía.

  Del mismo modo se pronunciaron en favor de que el Poder Legislativo establezca sanciones a la desinformación, con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, así como por las acciones que generen buenas prácticas y el valor de la verdad entre todas y todos los ciudadanos, con el objetivo de que asuman un papel activo

en la prevención y la propagación de las noticias falsas, al igual que para tomar una decisión electoral basada en información verídica y fidedigna.

En el Panel “Compromisos comunes: generando sinergias contra la desinformación electoral”, se contó con la participación de las representaciones de los partidos políticos: Noemí Luna, del PAN; Rolando Zapata, del PRI; Arturo Prida, del PRD; Magdalena Núñez, del PT; José Francisco Melo, de Movimiento Ciudadano, y Jaime Castañeda, de Morena.

Con matices y por separado subrayaron la necesidad de proteger la integridad de los procesos electorales; establecer compromisos con las empresas tecnológicas, la academia y las organizaciones civiles; llamar a los medios de comunicación a la verificación de las noticias, y garantizar la veracidad de su información y la de sus militantes.

Todas las autoridades políticas deben ponerse al servicio de la democracia

En el Panel “Las autoridades electorales y desinformación: estrategias de comunicación institucional”, las y el participante consideraron que, en la guerra contra la desinformación, el gran reto es preservar y defender los valores constitucionales; plantearon que todas las autoridades deben ponerse al servicio del principio democrático, enfatizando la generación de una cultura de respeto, y establecieron como fundamental que los partidos políticos se comprometan con el no uso de la desinformación en las contiendas y en los debates.

Con las ponencias de Yolima Carrillo, experta electoral internacional; Alejandra Lazzaro, catedrática de la Universidad de Buenos Aires, y Máximo Zaldívar, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, las propuestas oscilaron entre la creación de una oficina especializada para contrarrestar la desinformación, adecuando la comunicación a nuevos estilos; modificar los comportamientos de todos los actores político-electorales, porque los problemas de desinformación seguirán subyacentes, y considerar la posibilidad de establecer como delito electoral a la desinformación.