Recursos recuperados por la UIF serían para beneficencia pública y rehabilitación de adictos

octubre 8, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 41 mil cuentas bancarias con cerca de 7 mil millones de pesos de procedencia ilícita o lavado de dinero y que debido a vacíos legales pasan a las cuentas globales, a manos de los bancos, advirtió la diputada federal, Celeste Sánchez Romero, al presentar una iniciativa de reforma a los artículos 61 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esta iniciativa tiene la finalidad de atender este vacío en torno a la recuperación de dichos recursos y se dé aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al prescribir el tiempo de reclamación y no permitir que al final se remitan a las cuentas globales de los bancos, sin que impacte en ninguna utilidad social, detalló la parlamentaria federal.

La iniciativa pretende que se aplique la extinción de dominio, que estos recursos aseguren su destino al patrimonio de la beneficencia pública y se apliquen en forma preferente a la rehabilitación de personas con adicciones, explicó la legisladora del Partido del Trabajo.

Sánchez Romero apuntó que el objeto de la extinción de dominio en este tipo de delitos es debilitar las finanzas de las organizaciones delincuenciales e identificar los bienes que son de origen y destinación ilícitos.

No obstante, ello, si bien es cierto que el marco jurídico aplicable en la materia prevé lo relativo a la prevención de dicho delito, a través del congelamiento de cuentas o la inclusión del sujeto en la lista de personas bloqueadas, también es cierto que este es omiso respecto del fin último de los recursos congelados por su posible procedencia ilícita de los mismos.

“Por tal motivo, resulta necesario reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de establecer que las instituciones de crédito deberán informar a la SHCP, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de aquellas cuentas que no han sido reclamadas en un periodo de 3 años así como montos que mantienen, previo a enviarlas a la cuenta global, con el fin de que la Secretaría determine si las mismas tienen relación con operaciones de procedencia ilícita y si las mismas deben ser materia de aviso o denuncia ante la Fiscalía General de la República para el efecto de que, si así lo considera, promueva el procedimiento de extinción de dominio correspondiente”, reforzó.

La parlamentaria federal explicó que esta iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados la integró en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y fue producto de un encuentro del Grupo Parlamentario del PT sostenido con el titular de la misma, Santiago Nieto Castillo, en donde manifestó esta necesaria reforma legal.

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