Repuntan ataques contra ambientalistas que se oponen al Tren Interoceánico

Juan David Castilla/Xalapa. Organizaciones ambientalistas denunciaron que continúan los crímenes de activistas a nivel nacional y exigieron justicia por los crímenes que han ocurrido durante los últimos días contra quienes se oponen al Tren Interoceánico.

Cabe recordar que el servicio a pasajeros en la Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con la ciudad de Salina Cruz, en Oaxaca, inició el pasado 22 de diciembre.

El pasado 21 de enero fue encontrado sin vida y con heridas de bala el activista indígena ayuuk, Arnoldo Nicolás Romero, comisariado ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, estado de Oaxaca.

Había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de enero. Las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de IPRI en México expresaron su profunda indignación por este asesinato junto con toda su solidaridad para su familia y comunidad.

Señalaron que este asesinato no se da de manera aislada, sino en un complejo contexto de violencia que se ha registrado en la región.

En el municipio de San Juan Guichicovi se encuentra la agencia de Mogoñe Viejo, donde se instaló el campamento “Tierra y Libertad” como protesta por las violaciones de derechos humanos por parte del proyecto del Tren Interoceánico. Este plantón fue desalojado el 28 de abril de 2023 por elementos de la Guardia Nacional, de la policía estatal y de la Secretaría de Marina.

Como consecuencia de dicho desalojo fueron detenidas de manera arbitraria, por 48 horas, seis personas que fueron puestas en libertad después de protestas a nivel local, nacional e internacional.

Además, existen denuncias penales contra 16 personas que participaron en ese plantón, sumadas a 17 personas criminalizadas de la comunidad de Puente Madera.

“Dentro de estas denuncias hemos conocido que incluso se interpuso una sentencia de 46 años contra un representante indígena, que aunque fue revocada por las instancias pertinentes, representa un fuerte mensaje intimidatorio contra las personas indígenas que se han opuesto al megaproyecto o que hay presentado denuncias de fuertes repercusiones sobre la implementación”, indicaron.

Recordaron al Estado mexicano su obligación de investigar este asesinato, otorgar justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición hacia los familiares y la comunidad.

“Exhortamos para que se desarrolle un plan con las medidas de seguridad necesarias y culturalmente adecuadas para proteger la vida e integridad de la comunidad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o cualquier tipo de actos de violencia en su contra”, enfatizaron.