Revisará SCJN recursos del testaferro de Javier Duarte

enero 12, 2021

Redacción/Al MomentoMX. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió los recursos interpuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) y por Moisés Mansur Cysneiros, señalado como el principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Mansur señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recabó su información bancaria para una indagatoria fiscal, pero ésta fue utilizada por la entonces Procuraduría General de la República para una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en la solicitud para capturarlo.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitó a la Corte ejercer su competencia originaria para conocer los recursos para que se pronuncie si es constitucional el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito; y los artículos 15, fracción VII, última parte, 15-E, fracción VII y 15-F, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Todas estas normas permiten a los organismos hacendarios acceder a información financiera de una persona física o moral, sin necesidad de solicitar autorización a un juez federal.

El 11 de julio de 2019, el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en el estado de Zacatecas, determinó, por una parte, sobreseer el juicio de amparo; por otro lado concedió la protección de la justicia a Moisés Mansur contra la orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a que la PGR habría obtenido dicha información bancaria de forma ilegal.

El 15 de julio de 2020 el Primer Tribunal Colegiado expresó que no podía pronunciarse sobre el tema, porque no hay alguna jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Corte, sobre las disposiciones reclamadas. Es así que decidió remitir el caso al Alto Tribunal para que asuma su competencia originaria. Ahora, el expediente fue admitido por la Corte y se turnó para su estudio a la ministra Margarita Ríos Farjat, integrante de la Primera Sala.