Revocan 2 amparos más contra el tramo 5 del Tren Maya

agosto 8, 2022

En la última semana, el Tren Maya parece tener de nuevo luz verde para la construcción de su tramo 5, que va de Cancún a Tulum; pues la autoridad ha revocado 5 de las 6 suspensiones que se mantenían vigentes en contra del quinto tramo del proyecto ferroviario.

A través de sus redes sociales, Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informó que un juez revocó la suspensión provisional de los amparos 820/2022 y 821/202, con lo que esas medidas judiciales quedaron sus efecto. Ya sólo queda una pendiente por resolverse.

“¡Otra buena noticia para el pueblo! Fueron negadas suspensiones definitivas en los amparos 820/2022 y 821/202, con lo cual ya quedaron sin efectos las suspensiones provisionales que había en esos mismos expedientes sobre el Tramo 5 Sur del Tren Maya MX“, apuntó.

El funcionario resaltó que, de acuerdo con la resolución, “el interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo“, por lo que “ya van 5 de 6 suspensiones revocadas, pero seguimos atentos a la que falta: es del amparo 1137/2022, atrás del cual está Claudio X. González”.

El tramo 5 del Tren Maya ha sido criticado por ambientalistas, debido a la presunta falta de permisos ambientales. No obstante, en los últimos días, los juzgados que llevaban el proceso de los amparos dieron marcha atrás a las suspensiones en la construcción de ese tramo del ferrocarril.

El pasado 3 de agosto, el Gobierno federal aseguró que fueron revocadas la suspensiones definitivas de los amparos que habían sobre el tramo 5 sur del Tren Maya. “La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda”, escribió en su cuenta de Twitter Javier May.

Según la nueva resolución, “es de interés social que se se efectúen construcciones que puedan representar un beneficio a la sociedad, siempre que las mismas cuenten ya con las licencias y autorizaciones respectivas, como en el caso, lo sería la autorización de la manifestación de impacto social, sobre la cual la parte quejosa pretende paralizar sus efectos”.