SCJN declara inconstitucional la penalización del aborto en Chihuahua
octubre 18, 2023
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales diversos artículos que criminalizan el aborto en Chihuahua. Sin embargo, no ordenó, como en otros casos, que el Congreso estatal derogue las normas impugnadas.
⇒ Este miércoles, los ministros de la Primera Sala de la SCJN analizaron el amparo 666/2023 interpuesto por una persona particular en contra de los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua, en el cual se contemplan penas de hasta seis años a quien interrumpa su embarazo o ayude a que eso suceda.
Con el único voto en contra del ministro Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala del SCJN aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, basado en precedentes similares, donde se ha señalado que el penalizar indiscriminadamente al aborto voluntario vulnera el derecho de las mujeres a la salud, la igualdad y la no discriminación.
Sin embargo, la resolución por parte de la SCJN únicamente beneficia a la persona que interpuso un amparo en 2021, a fin de no ser sancionada tras realizarse un aborto. En ese sentido, no giró ninguna orden que obligue al Congreso del Estado a legislar en ese sentido.
⇒ Esto, por que los ministros coincidieron que cuando una asociación acude a la Corte por interés legítimo en contra de esas normas lo hace desde la perspectiva colectiva del derecho y eso no ocurre cuando acude una persona física, porque hay un interés individual.
“El tipo penal de aborto doloso, regulado en los artículos que se analizan, tiene un impacto frontal y directo con la libertad reproductiva de la mujer y de las personas con capacidad de gestar de decidir ser o no madre, en virtud de que, al castigar con pena y considerar como delito su decisión y consentimiento sobre la interrupción del embarazo en cualquier momento del embarazo (…) anula por completo el derecho de decidir sobre su maternidad”, señala el proyecto aprobado.
De acuerdo con el documento, estas normas fomentan la creencia de una supuesta incorrección ética en la práctica del aborto, por lo que aumenta el estigma en contra de las personas que recurren a estos servicios. También “genera un temor en los profesionales de la salud, lo que puede provocar desigualdad en la provisión de los servicios de salud entre las propias mujeres y personas con capacidad de gestar”.