Se debe investigar responsabilidad a ex auditor

febrero 20, 2020

Meripolli Ortega. Xalapa. El diputado local José Manuel Pozos Castro, planteó que de ser necesario se tendrá que llamar a cuentas al ex auditor Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, por las irregularidades detectadas en la ampliación de la revisión de la Cuenta Pública.

Antes de que se puedan presentar denuncias penales por el daño patrimonial de más de 3 mil millones de pesos, será necesario garantizar el derecho de audiencia de los funcionarios y exfuncionarios involucrados con el mal manejo de los fondos públicos.

 “Nosotros queremos darles todas las facilidades tanto a exfuncionarios estatales como los presidentes municipales, seguramente muchos tendrán elementos para solventar las observaciones que recibieron”.

El legislador reconoció que hay municipios a los que se les observó presunto daño patrimonial por un simple trámite, por lo que se dará paso a la justificación del manejo financiero antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Y ver cuáles son los justificantes que los Ayuntamientos tengan que hacer”, dijo el representante de Tuxpan, quien descartó que exista divisionismo en Morena a pesar de que cinco diputados de su fracción no firmaron, ni votaron el acuerdo.

Sin el aval de seis diputados de Morena, cinco de ellos integrantes de la Comisión de Vigilancia que se negaron a firmar el dictamen, se aprobó el 18 de febrero la Cuenta Pública 2018, en el que se presume un posible daño patrimonial superior a los tres mil 668 millones de pesos.

Los diputados Mónica Robles Barajas, Magaly Armenta, Deysi Juan Antonio, Margarita Corro Mendoza, Henri Gómez y Wenceslao González, rechazaron validar la ampliación de la revisión que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), lo que provocó un boquete financiero de más de 15 millones de pesos.

En octubre del año 2019, los diputados de Morena no aprobaron el Informe de Resultados de la Cuenta Pública que entregó el ex auditor Lorenzo Antonio Portilla y se ordenó una nueva revisión a la justificación que se hizo al manejo de los recursos públicos.

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