Se deben actualizar los protocolos contra violencia de genero ante el uso de nuevas tecnologías

mayo 12, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa.- Aunque la Universidad Veracruzana cuenta ya con un protocolo de atención de violencia de género, con la nueva modalidad de educación a distancia es necesario actualizarlo ante la presencia de violencia cibernética y pornoveganza, consideró Karla Estrada, representante del Semillero Parlamentario y Técnica Legislativa, así como estudiante de la Facultad de Derecho de la UV.  

En conferencia de prensa señaló que ante la constante violencia de género que hay en la entidad veracruzana, al interior de la propia Universidad y en otras área, es necesario crear un mecanismo que, por un lado, prevenga la violencia y, por el otro, oriente a la víctima sobre qué hacer.  

“La Universidad Veracruzana tiene su propio protocolo contra la violencia de género y tiene la responsabilidad de actuar, cuando el victimario y la víctima sean parte de la comunidad universitaria, ya sea personal administrativo, docente y estudiante”.  

El protocolo que tiene la universidad veracruzana es de 2019, no está actualizado al nuevo paradigma de la educación universitaria, no está contemplando todo lo que es violencia digital vinculada a los nuevos medios de educación y comunicación.  

Ante ello, dijo, los integrantes del Semillero Parlamentario y Técnica Legislativa elaboraron un protocolo actualizado, pues ahora la violencia contra las mujeres es multifacética.  

Denunció además que las autoridades gubernamentales no han querido crear un protocolo eficiente y al mismo tiempo sirva para saber qué hacer, si no también saber con quién acudir.  

En el protocolo que proponen, explicó “se tiene un violentómetro actualizado, que incluye a la pornovenganza un instrumento nuevo para ejercer violencia contra las mujeres, surge como un llamado de atención y una herramienta para los veracruzanos, no solo en el ámbito universitario”.  

Finalmente, destacó que este protocolo se realizó en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.  

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