SEFIPLAN da una cantidad elevada del daño patrimonial

Redacción/Xalapa. Durante el Ejercicio Fiscal 2018, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) generó un presunto daño patrimonial al erario público de Veracruz por $564 millones 724 mil pesos, reveló el Informe de Resultados de dicha Cuenta Pública.

En la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares, la SEFIPLAN pagó bienes y servicios sin Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, sin expediente del proceso de adjudicación, sin contrato de prestación de servicios con los anexos correspondientes ni instrumento legal que lo regule.

Durante la fiscalización a la Cuenta 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) descubrió que la dependencia estatal celebró un contrato con la empresa Mayoristas en Informática Avanzada, S.A. de C.V. por la “Prestación del servicio especializado de desarrollo e implementación del Sistema de gestión electrónica de oficios versión 2.0 (GEO 2.0)”, por un monto de $36 millones de pesos.

Sin embargo, no presentó evidencia de haber recibido y disponer de diversos requisitos legales, como análisis de campo del problema, plan de trabajo del proyecto identificando fases y actividades, narrativa general del análisis del proceso actual, diagrama general del proceso y modelo de negocios.

Aunado a lo anterior, los auditores del ORFIS detectaron $71 millones de pesos por concepto de provisiones contables, del cual la Secretaría no presentó, además de que no se presentaron evidencias de la documentación comprobatoria y justificativa que permita verificar que dichos registros por pagos y aplicaciones a los proveedores debían afectar la información contable y presupuestal.

Asimismo, se revisaron los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales”, 4000 “Subsidios y Transferencias” y se identificaron erogaciones por $382 millones sin que se anexara la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Respecto al capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” hubo pagos a proveedores para adquisición de bienes y servicios por pagar a corto plazo por un importe de $56 millones de pesos, de los cuales no anexaron documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

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