Sheinbaum propone endurecer las sanciones para funcionarios corruptos

septiembre 23, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso endurecer las penas por el delito de corrupción contra servidores públicos de alta jerarquía, desde directores generales hasta la persona titular de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, alcaldes y concejales.

Además, la mandataria envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local para que no prescriba el delito de corrupción cometido por servidores públicos en la capital del país.

Propone el aumento de un tercio de la pena cuando el delito de corrupción sea cometido a gran escala por servidores públicos que tengan cargo de director general, similar, de mayor jerarquía o aquellos que obtengan su cargo por voto popular o plurinominal. Además, se decomisarán todos los objetos, productos e instrumentos del delito obtenidos.

La mandataria resaltó que la corrupción da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, afecta la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

La corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, quebranta la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desatienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”, detalló.

Esta iniciativa busca reformar el Código Penal para el Distrito Federal, en materia de corrupción, con el propósito de combatir y sancionar de manera efectiva y real la comisión de este delito, pues al sustraerse el sujeto activo se interrumpen los términos de prescripción y permite a las autoridades competentes realizar una investigación completa.

No se trata de una propuesta innecesaria ni desproporcionada, sino apegada a derecho y en beneficio de las víctimas directas, de las instituciones y de la sociedad, es decir, un bienestar general apegado a la rectoría del ejercicio de la función pública con ética, austeridad, transparencia, responsabilidad, así como la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación”, se lee en la iniciativa.