Suspensión contra el ‘Plan B’ fue para preservar sistema democrático: ministro Javier Laynez

Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la suspensión que concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) y que frenó la entrada del Plan B de la reforma electoral “para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y, con ello, salvaguardar el sistema democrático nacional“.

El ministro Javier Laynez hizo público este lunes el acuerdo de la suspensión otorgada dentro de la controversia constitucional, donde señaló que el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE.

“Como ya se dijo, el decreto reclamado [el del Plan B] produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, detalló.

El ministro Javier Laynez Potisek puntualizó que de no concederse la suspensión se podría concretar las reformas planteadas, por lo que era necesario conceder la medida cautelar contra todo el decreto combatido.

“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, mencionó.

La reforma a las leyes secundarias electorales establece desaparecer varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo su función. Lo que ”podría haber una merma significativa en la garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado, en la garantía de equidad en la contienda, también podría comprometerse la integridad del padrón electoral y, consecuentemente, la garantía de derechos humanos relacionados con el manejo de información personal ahí contenida”.

La resolución del ministro Javier Laynez se dio a conocer desde el viernes pasado a través de un comunicado, donde se informó que admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.