Tercera persona

En la segunda parte de la administración de Fidel Herrera y en la primera de Javier Duarte, se defendió arduamente que los certificados bursátiles del gobierno no era deuda, dado que eran emitidos por un fideicomiso y que este era otra persona.

Al 31 de diciembre de 2016 existían cinco emisiones bursátiles; dos de 2006 y tres de 2012.

A esa fecha valían 12 mil 575 millones de pesos, parte de estos certificados eran en udis; no fueron aceptados como adeudo del gobierno del estado y por la tanto no estaban incorporados en el pasivo formal de la cuenta publica.

 Situación que cambio a partir de la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios del 16 de abril 2016, la cual si la califica como deuda publica.

El fideicomiso es un contrato, que por si solo no tiene personalidad jurídica, es el fiduciario quien cuenta con la personalidad para administrar el patrimonio.

En realidad, el fideicomiso fue un instrumento que el derecho romano lo considero para el testar herencias, se deriva del latín “fides”; fe y “commissus” encargo o comisión.

Esta es una practica muy cómoda para ejercer actos jurídicos a través de una tercera persona en la administración de bienes o en temas específicos.

El fideicomiso publico es una entidad del gobierno federal, estatal, municipal o ente publico establecido (paraestatales), con la intención de llevar a cabo un fin licito y determinado, que pretenda un desarrollo económico y social a través de recursos propiedad del sector, que otorga en administración a una institución financiera.

Los principales tipos de fideicomisos son:

De Administración; De Garantía; Financiero; Traslativo de Propiedad; Testamentario; Dominio Fiduciario.

Hasta antes del 15 de abril, existían 337 fideicomisos públicos federales sin estructura administrativa que tenían, más de 750 mil millones, cantidad igual a tres puntos del producto interno bruto de nuestro país.

Quien controla estos fideicomisos de acuerdo con el artículo 47 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, es la SHCP, quien fungirá como fideicomitente único.

De acuerdo a las condiciones que vivimos; con una caída en los precios de petróleo, una pandemia en desarrollo; y una desaceleración económica el gobierno requiere de recursos.

 Por ello el pasado 2 de abril el presidente de la republica emitió decreto donde se extinguen 281 fideicomisos sin estructura con fondos en caja de casi 250 mil millones de pesos, casi un punto del PIB; para destinarlos a:

• Enfrentar la emergencia del COVID19
• Fortalecer los programas sociales.
• Reactivar la economía. (otorgar créditos que impulsen a la micro y pequeña empresa.)
• Pagar la deuda del país.
• Apuntalar a Pemex.

El plazo para entregarlos por el sector a cargo; fué el 15 de abril.

Veracruz replica las políticas públicas federales, por ello con decreto del 21 de abril el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez tomo la decisión de extinguir 25 fideicomisos públicos paraestatales sectorizados, busca contar con un poco mas de cuatro mil millones de pesos, consignado en el mismo que las secretarias tienen hasta el 29 de mayo para entregar a la Sefiplan los recursos que a esa fecha tengan en caja.

Para ello me imagino que harán un finiquito, que establezca los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, pues en algunos de ellos solo hay pasivos, como el del WTC de Veracruz.

Este es el cuadro de algunos fideicomisos:

Fuente: Cuarto Informe trimestral 2019 Sefiplan

Por sus características tendrán grado de dificultad extinguir los sectorizadas al Turismo, como el del acuario de Veracruz, el del centro expositor que trae pasivos importantes, y el del hospedaje sobre este fideicomiso haber que opinan los hoteleros.

Los de Agricultura como Fidrever y Fiderfap, existen responsabilidades en su manejo que deben estar claras y en su caso devolver a la federación lo que en su derecho corresponda.

El sector comunicaciones es una complicación; sobre todo los de la Cardel- Veracruz, su ampliación y el de  plan del rio, donde existen intereses de empresarios veracruzanos que han hecho inversiones y no será fácil, porque el gobierno ha vendido sus participaciones a cambio de obras.

Y por último resulta incomprensible la extinción del fideicomiso del SAR, en razón a que es patrimonio de los trabajadores, que corresponde a un pago de marcha cuando se retiran, al cual el gobierno le adeuda varios miles de millones y no creo que los sindicatos lo permitan, así sea un decreto del ejecutivo.

Con estas  acciones poco a poco se acaba el patrimonio del estado; pero desde luego están primero las prioridades del momento.