Trump demanda a Chicago por dificultar deportaciones

Este jueves 6 de febrero el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda en contra de la ciudad de Chicago y el estado Illinois, por dificultar las labores de las autoridades de migración, incluyendo la deportación.

La demanda, que se presentó en una corte federal en Illinois pide a los jueces que revoquen y tilden de inconstitucionales las protecciones que existen a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.

Trump cumplió su promesa, esta es la primera acción que el actual gobierno de Estados Unidos toma en contra de una gobierno local, después de haber advertido que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.

En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.

“Ciudades santuario” en la mira de Donald Trump
Estas normativas, conocidas como leyes de “ciudad santuario” y aplicadas en varias de las principales urbes del país, incluidas Nueva York y Los Ángeles, han sido objeto de amplias críticas por parte de políticos republicanos y del actual mandatario.

Las normas, argumenta la demanda, “están diseñadas para interferir y de hecho interfieren y discriminan contra la potestad del Gobierno federal para hacer cumplir la ley migratoria” de Estados Unidos.

Los abogados del Gobierno insistieron en que “muchos” de los migrantes indocumentados que están en EU presentan una “amenaza contra la seguridad nacional”.

“Algunos de estos extranjeros encuentran un lugar seguro (…) en las llamadas ciudades santuario, donde viven y trabajan junto a estadounidenses inocentes, que luego podrían convertirse en víctimas de sus crímenes“, señala.

El Ejecutivo de Trump ha calificado a las personas indocumentadas como “criminales” y ha promocionado una narrativa que activistas han tildado como “xenófoba”.

Las políticas de estos llamados gobiernos “santuario” han sido defendidas por autoridades locales y organizaciones, quienes sostienen que fortalecen la relación entre la policía y las comunidades migrantes, al permitir que las personas denuncien delitos o cooperen con las autoridades sin temor a ser deportadas.

En el marco legal de Estados Unidos, vivir en el país sin autorización no constituye un delito penal, sino una falta de carácter civil.

Sin embargo, cruzar la frontera sin pasar por un control migratorio o intentar reingresar tras una deportación sí están contemplados en la legislación penal: el primero como un delito menor y el segundo como un delito grave.