Urge Equifonía a la SS destinar recursos para la práctica de abortos

agosto 12, 2019

Regina Montes. Xalapa. La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, aseveró que ahora, la Secretaría de Salud del estado,  está obligada a retomar el Programa Estatal para la Interrupción Legal del Embarazo y a designar un presupuesto desde el Congreso del Estado para atender a las usuarias, víctimas de violación o pederastia en Veracruz.

Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desechar las controversias constitucionales promovidas por Baja California y Aguascalientes, consideró que se trata de un reconocimiento al derecho de las mujeres víctimas de violación de poder acceder a un servicio de salud clave, como es la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Y es que aun cuando la reforma a la Norma Oficial Mexicana 046 para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres,  está vigente desde marzo de 2016, con esa determinación de la corte se descarta cualquier medida que se pueda impulsar desde los estados para negar el cumplimiento de los servicios establecidos dentro de esta.

Pero además, insistió, implica la obligación de los Servicios de Salud de Veracruz y las instituciones públicas de salud, de garantizar la capacitación de su personal médico para realizar las interrupciones del embarazo usando técnicas seguras para las usuarias.

Asimismo expuso que con la reforma hecha en 2016 a la norma se establece que con la palabra de la usuaria basta para solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una institución de salud y la Secretaría debe otorgar ese servicio.

“En el caso de las menores de 12 años, se habla de que sean acompañadas y que haya una autorización por parte de los padres o un tutor, por tutor también se hace referencia a la Procuraduría para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y en este caso, el DIF estatal y los municipales  deben de actualizar a su procuradores y procuradoras para que acompañe  este tipo de casos”, dijo.

Y es que explicó que en muchos casos, el agresor se encuentra dentro de la misma familia, el padre o la pareja de ladre o algún otro familiar, por lo que debe intervenir la procuraduría para evitar posible complicidad por parte de quienes deberían proteger a la menor.