Venta de niñas en Guerrero es indignante; entre más jóvenes más caras
octubre 27, 2021
Ciudad de México. Las indignantes operaciones para la compra de niñas en la Montaña de Guerrero se realizan a un precio que va desde los 40,000 a los 350 mil pesos, y la familia es quien decide cuanto cobrar por ellas, cuando algún hombre quiere casarse con ellas. El precio es de acuerdo a la edad, las habilidades para las labores del hogar que tengan y obviamente su belleza. Entre más jóvenes, más caras.
De acuerdo con La Opinión de México, las autoridades de Guerrero han documentado la existencia de la venta de mujeres y niñas en los municipios de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xochistlahuaca, Igualapa, Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec.
La venta de niñas para matrimonios forzados en Guerrero se realiza en ceremonias privadas presididas por las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas quienes avalan el trato
“Yo no quería casarme. Esos señores me dijeron que me iban a tratar como a una hija, que iba a ser feliz, la vamos a tratar bien en nuestra casa, por eso mi papá me dio”, dijo Angélica, menor vendida para matrimonio en una comunidad indígena.
A los 11 años, Angélica fue entregada en matrimonio al hijo de una familia indígena na’a saavi del municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero; cuatro años después, con 15 años cumplidos, Angélica huyó de la casa de su familia política debido, dice, al acoso sexual y al intento de violación por parte de su suegro.
En estas comunidades enclavadas entre montañas, algunas familias intentan erradicar esta práctica que persiste en 66 pueblos de Guerrero y es origen de un círculo de abusos contra las mujeres y pobreza para los varones.
Las dotes que cobran los padres de las novias, que solo aceptan esposos de esta misma región, oscilan entre 40 mil y 350 mil pesos.
Las niñas quedan en absoluta vulnerabilidad. Su nueva familia las esclaviza con tareas domésticas y agrícolas, y a veces los suegros abusan sexualmente de ellas.
Por la creciente precariedad de estos pueblos, la ritualidad ancestral indígena de entrega de las doncellas por dote desde su primera menstruación se ha ido perdiendo y ahora se mercantiliza a las niñas.
De los casi dos mil 500 municipios mexicanos, unos 620 son indígenas y 420 de ellos se rigen por usos y costumbres tradicionales reconocidos por la Constitución.
Más de tres mil niñas y adolescentes guerrerenses de entre 9 y 17 años parieron el año pasado, algunas de ellas dentro de estos matrimonios arreglados, según cifras oficiales.
La trata y el matrimonio forzoso de niñas indígenas en las regiones de la Montaña y Costas de Guerrero, y en otras entidades del país como Chiapas, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, en su modalidad de matrimonio forzoso y esclavitud, como uso y costumbre es generalizada en las comunidades indígenas, y pone en grave riesgo a las niñas de 8 a 17 años de edad.
Es una costumbre que está vigente con la complicidad de las autoridades federales, estatales, municipales y tradicionales, que se encuentra normalizada en estas regiones, tolerada so pretexto de respetar el derecho de autodeterminación, así como los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años cumplidos y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos, también establece como edad mínima para el matrimonio los 18 años cumplidos, buscando que a esa edad, ya con mayoría de edad puedan, resistir las presiones familiares para contraer matrimonio por usos y costumbres.
A nadie sorprende la tradición de que a las niñas se les roba su niñez, se les convierte en adultas, en madres. Casi todas las familias han comprado o vendido a una de sus hijas.
La dote también es una tradición ancestral, según la cual las niñas y adolescentes se entregan en matrimonio a cambio de bienes como animales o terrenos, panes, cerveza. Sin embargo, ahora es una simple transacción económica.
La familia que quisiera casar a su hijo debía desembolsar cantidades que contrastan drásticamente con la situación de las comunidades que viven en pobreza extrema y cuyos habitantes son indígenas mixtecos.
El estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes. En la entidad ocurren 2 de cada 10 nacimientos de bebés cuyas madres eran menores de 19 años. Guerrero junto con Chihuahua comparte el mayor porcentaje de embarazo adolescente en el país.
LOS HOMBRES MANDAN
La gravedad de estos acuerdos es que no permiten que las mujeres decidan, sobre todo, porque lo hacen antes de que cumplan los dieciocho años. No hay forma de revertir la decisión paterna. Las mamás y las abuelas se supeditan a lo que determinan los padres. Las hijas no tienen voz ni voto, simplemente tienen que acatar el acuerdo de los mayores.
Esta situación reproduce un sistema de dominación regido por los hombres que impiden que las mujeres mayores salgan en defensa de sus hijas o nietas. Los matrimonios se conciertan de los doce años en adelante.
A veces hay dificultades entre los padres de la novia y del novio. Las razones son diversas: el padre no ve con agrado al futuro esposo de su hija, ya sea por su comportamiento, por la forma de ser de su familia o porque no llegan al acuerdo sobre el pago de la dote.
En algunas comunidades acuden a los sabios, que son especialistas para pedir la novia. Cuando se logra la concertación, vienen los preparativos de la boda, cuyos gastos corresponden a la familia del novio.
Regularmente la nueva esposa se va a vivir a la casa de los suegros, donde se transforma en la criada de la familia del esposo. Tiene que levantarse temprano para preparar la comida que se llevará el marido al campo y, cuando es temporada de siembra, debe levantarse a las tres de la mañana, pues una vez preparado los tacos tiene que ir al campo.
Es muy común que en todos estos menesteres la esposa cargue con el niño o la niña más pequeña sobre su espalda. Solo así puede avanzar en su trabajo y al mismo tiempo cuidar a su bebé. Carga con el almuerzo y con su hijo o hija para ir a la parcela donde siembran. Caminan descalzas una o dos horas en terrenos agrestes. Se las ingenian para servir el almuerzo y atender a su pequeño. Por parte del esposo no hay un detalle o una expresión de agradecimiento por el almuerzo que preparó su esposa, más bien, puede haber algún reclamo o regaño si algo no le gustó.
A pesar de que terminan rendidas por la jornada larga, están pendientes de sus pequeños hijos hasta que se duermen. Cuando enferman, la situación se complica, porque tienen que improvisar algún remedio casero en condiciones sumamente precarias. Son las abuelas las que auxilian a las mamás, para sobrellevar estas penas de los males físicos.
Parecería que esta cotidianidad, tan pesada por la carga de trabajo, sería lo que más afecta a las esposas o madres que cargan con el yugo del esposo y su familia. Pero la realidad es aún más trágica por la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. El sometimiento comunitario que persiste por parte de los hombres, quienes ejercen la autoridad en la casa y en las comisarías, se manifiesta con golpes, lesiones y asesinatos.
Cuando hay problemas como pareja y llevan su caso ante la autoridad, lo normal es que se le dé la razón al esposo. No hay mujer alguna que la defienda, porque son espacios propios que se han adjudicado los hombres
Si hay un señalamiento del hombre y su familia de que la esposa no está cumpliendo con los deberes de la casa, se le reprende y se le encarcela. Citan a sus padres y les llaman la atención porque no enseñaron a su hija a trabajar como es costumbre que lo hagan las mujeres. El mismo papá, en lugar de salir en defensa de su hija, la reprende públicamente, porque según su visión, le hace quedar mal. Con estas actuaciones la violencia se comunitariza contra las mujeres, que carecen de recurso alguno para ser escuchadas y defender sus derechos.
A pesar de tanta infamia, algunas se han armado de valor y se han atrevido a denunciar a sus esposos. Por desgracia, las autoridades encargadas de investigar los delitos están muy lejos de desempeñar sus funciones. Han aprendido a maltratar a la gente, a sobrellevar los asuntos y atender a quienes ofrecen dinero. La misma unidad de investigación de la fiscalía especializada en delitos sexuales y violencia familiar protege a los agresores y se encarga más bien de obstaculizar las investigaciones, o de persuadir a las víctimas para que negocien con sus victimarios. No hay forma de romper con este sistema de justicia patriarcal que se ha empeñado en difamar a las mujeres y de hacer escarnio público de la violencia que padecen.
Prende la indignación.
Gran número de organizaciones de la sociedad civil, han levantado la voz para denunciar estas transacciones de niñas mediante el envío de una carta abierta a diferentes representantes del Gobierno del país.
Afirman que «esta práctica intolerable constituye una gravísima violación a los derechos humanos de la niñas que lo sufren, en contra de la más elemental de las condiciones de vida que es el derecho a la libertad y a la autodeterminación, a la integridad física y al desarrollo armónico de sus potencialidades desde el principio, con el agravante de sus implicaciones como trata, violencia sexual y atentado al derecho a la salud, y diametralmente contrario al principio de interés superior de la niñez -mandatado en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que México hace parte».
Dicen entender que el problema es complejo y que, por lo tanto, requiere de un enfoque transversal a los órdenes del gobierno y a los tres poderes; un esfuerzo multisectorial en los trabajos a coordinar y, por supuesto, una visión de derechos también sensible al contexto cultural y respetuoso de la auténtica determinación de pueblos y comunidades indígenas.
Como lo muestra la evidencia, aseguran, “no es un tema de usos y costumbres, como se suele presentar, sino arreglos de violencia adulta tolerados y propiciados por la complicidad de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales”.