Veracruz debe aclarar destino de 157.3 mdp de la cuenta pública 2020 a la ASF
febrero 23, 2022
Yhadira Paredes/El Demócrata. La Auditoría Superior de la Federación hizo 34 auditorías sobre el Cuenta Pública 2020 al estado de Veracruz, donde se ejercieron 120 mil 720 millones de pesos de los cuales fueron observados 157.3 millones, informó la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez.
En conferencia de prensa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno desglosó el tema del informe, donde detalló que las observaciones fueron en la Secretaría de Desarrollo Social con 103.5 millones de pesos; Fiscalía General del Estado con 14.9 millones; Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por 13.1 millones, Secretaría de Desarrollo Agropecuario 11.4 millones, SESVER 5.9 millones de pesos, Comisión de Agua del Estado de Veracruz por 1.3 millones y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz 1.1 millones de pesos.
La funcionaria estatal manifestó que por monto por aclarar, la entidad veracruzana se ubica en el lugar 20 a nivel nacional.
“Estamos viendo que somos el estado número 13 menos observado. Concentramos una información en donde vemos un comportamiento de los montos observados del 2012 al 2020: en 2012 se observaron poco más de 10 mil 633 millones de pesos; en 2013 10 mil 962 millones; 2014 15 mil 833 millones de pesos; 2015 se observaron 10 mil 617 millones de pesos; para el 2016 fueron 19 mil 54 millones y para 2017 mil 20 millones; 018 mil 778 millones; 2019 548 millones y en 2020 157 millones.
La Contralora General destacó que el Control Interno en las dependencias se observan en los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que revisar la información previo a la ASF se ha logrado solventar antes de cualquier observación.
Asimismo, la Contralora dijo que a partir de que se publico el informe la ASF tiene 10 días hábiles para remitir al Gobernador del Estado el oficio en que haga oficial las observaciones hechas; a partir de ahí hay 30 días hábiles para que los entes aclaren los 157.3 millones no aclarados y están observados.
“Ellos tendrán 120 días hábiles para determinar si la información aclara sus dudas o ellos iniciarían algunas investigaciones que podrían terminar en una responsabilidad para el servidor público, hasta entonces se podría hablar de un daño, mientras tanto es una observación”, finalizó.