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Exige PES renuncia de Jorge Winckler

8 noviembre, 2018

Isabel Ortega. Xalapa. Ante la solicitud de juicio político y las quejas ciudadanas contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, así como los supuestos pactos con exfuncionarios Duartista, lo más prudente es que renuncie al cargo.

De lo contrario, sería necesaria una comparecencia ante los diputados locales, para que se evalúen los resultados de su trabajo, y en base a ello se defina la posibilidad de removerlo de la Fiscalía, opinó el diputado local Gonzalo Guízar Valladares.

En las últimas semanas han sido constantes las denuncias de hechos al margen de la ley contra el abogado de los veracruzanos, se mencionó que habitaba una casa que se decomisó al extitular de la SEV, Adolfo Mota, que ahora puso a la venta.

En la presente semana, se han prestado dos solicitudes de juicio político en su contra por diversos delitos, entre ellos tortura e incumplimiento de un deber legal, y viola la autonomía de la FGE al ser el abogado personal del gobernador Miguel Ángel Yunes.

Este jueves 08 de noviembre se filtró un supuesto audio de Marcos Even Torres con el abogado de Arturo Bermúdez, en el que se exige se haga efectivo un supuesto acuerdo con el Gobernador y el Fiscal General. Le piden que se emita una sentencia minina para que el extitular de la SSP pueda salir de la cárcel, bajo fianza.

En ese sentido, el diputado consideró necesario una reunión entre los representantes populares y Winckler Ortiz, para determinar su futuro en la Fiscalía.

“No especulando o por capricho, no es cacería, que se aplique la ley, eso es lo que tenemos que hacer, que se aplique el Estado de Derecho. Aquí lo debe importar son los resultados, y tampoco violentar una la ley para saciar un acto personal”, opinó.

Cuestionado por los resultados de la Fiscalía mencionó, “la sociedad no se equivoca hay muchas inconformidades y mucha denuncias, lo que la sociedad dice es que no hay eficiencia y eficacia en su comportamiento público, en sus resultados. Lo ideal es analizar su caso y ver qué pasa”.


PES, sin decidir si se integrarán en una fracción o se sumarán Morena

2 noviembre, 2018

Isabel Ortega. Xalapa. Aun y cuando en el papel Encuentro Social contaba con el número de diputados electos para poder integrar una bancada, con al menos cinco diputados, aún no definen si se integrarán en una fracción o se sumarán al grupo de Morena.

El dirigente estatal del PES y diputado electo, Gonzalo Guízar Valladares, explicó que siguen en la negociación con el grupo mayoritario, aunque tienen la intención de consolidarse como una minifracción, con al menos tres diputados.

De no conformarse como grupo alterno, quedarían fuera de la integración de la Mesa Directiva, “mañana tendremos una reunión en la posibilidad de constituirlo (un grupo) y levantar las actas correspondientes y notificar a la Secretaría del Congreso”.

El plan A es formar una fracción; el plan B es apoyar a Morena para consolidar un grupo de 30 diputados, “yo considero -en lo personal-, que deberíamos de ser diversos grupos legislativos para que se tenga representatividad y la opinión de varias personas, más de dos piensan mejor. Hasta hoy no hay definición”.

El aún dirigente partidista, pues el partido perderá su registro por no obtener el 3 por ciento del respaldo de los electores que fueron a las urnas el 1 de enero, pidió al Ejecutivo no intervenir en las decisiones de la Cámara.

“La división de poderes debe ser real y no simulada, coordinación plena sí; subordinación no”, pidió y mencionó que tiene la impresión de que el gobernador electo Cuitláhuac García será respetuoso de las decisiones de la Legislatura y en la integración de los órganos de gobierno.


Diputados señalan inconsistencias y violaciones en el caso Ayotzinapa

26 septiembre, 2018

Ciudad de México. Diputados de Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC, PRD y PVEM emitieron comentarios relativos a la Desaparición Forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, como parte de la Agenda Política de la sesión del Pleno.

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) dijo que el asesinato brutal de seis ciudadanos guerrerenses, 25 heridos y la desaparición de 43 estudiantes quedó registrada “en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país y se suma a la larga cadena de crímenes de lesa humanidad, que se mantienen impunes en la era de los gobiernos autoritarios de ayer y hoy”.

Enfatizó que los resultados de la investigación presentados por el gobierno federal, muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales y los presuntos criminales. “Ha sido evidente que el gobierno federal ha tenido mucha prisa por cerrar el caso, de acuerdo a un final concebido desde el principio, el cual han defendido a capa y espada a pesar de la existencia de evidencias que muestras graves inconsistencias y violaciones al debido proceso e, incluso, contradicciones en los resultados presentados como “verdad histórica”.

La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes “fue permanentemente obstaculizada y saboteada y ellos hostigados y sometidos a un linchamiento mediático abrumador, impidiéndoles el acceso a instalaciones, informes y documentos recabados”. A pesar de ello, sus resultados marcaron conclusiones diferentes que obligan a una redirección de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, señaló.

“Exhortamos al presidente de la República a que instruya, a quien corresponda, reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural, apegado a la verdad y a una comisión de ella, con amplia satisfacción de resultados y justicia para quienes fueron lastimados, de manera directa e indirecta, y para los mexicanos en general”, puntualizó.

El diputado Óscar Bautista Villegas (PVEM) manifestó que a 4 años de los acontecimientos de Iguala, es necesario hacer un análisis en materia de seguridad pública en el país. “Los sucesos en donde desaparecieron los 43 estudiantes nos obligan a ser enfáticos ante los retos que el gobierno debe afrontar”.

Apuntó que en las investigaciones del caso participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas internacionales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como familiares de personas afectadas, a fin de garantizar su derecho a ser escuchados e informados.

“Lo que debe ocuparnos es la colaboración para esclarecer y poner fin a los hechos de septiembre de 2014. Ante dicha realidad se deben impulsar acciones que aclaren éste y cualquier otro caso”, afirmó.

Se pronunció por diseñar políticas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos. “No somos indiferentes a este caso, pero no se debe usar la fecha para desviar atención del objetivo principal, que es trabajar para que no se repitan acontecimiento como ese.

Lilia Villafuerte Zavala, diputada del PRD, consideró que la desaparición de los 43 estudiantes es uno de los pasajes más negros de la historia, ya que el pasar de los días develó circunstancias peores de las auguradas, porque lo que se creía un delito cometido por el crimen organizado, terminó como el quebrantamiento del Estado de derecho.

“Esa noche se cumplieron todas las advertencias de que teníamos en el país un narcoestado. Se truncó la vida de nueve muchachos y más 43 desaparecidos con la colaboración de agencias policiales y autoridades locales, estatales y federales”, comentó.

La legisladora exhortó a la Junta de Coordinación Política para que conforme una Comisión Especial que dé seguimiento a los actos y ayude a su esclarecimiento. Recordó que el PRD solicitó juicio político en contra del entonces procurador, Jesús Murillo Karam por la falta de atención a muchas de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sostuvo que quedan muchos pendientes como conocer el grado de participación de Policía Federal, del Ejército y de corporaciones municipales y estatales. “También debe darse pronta resolución a las denuncias de quienes han sido detenidos y señalan hechos de tortura”.

La diputada Abigail Ku Escalante (MC) dijo que la desaparición de estudiantes oscureció aún más la ausencia de Estado de derecho, pues el gobierno ha sido incapaz de tutelar vida y derechos humanos en el país, dejando miles de muertos y decenas de desaparecidos.

Precisó que de 2007 a la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reporta 37 mil 435 personas cuyo paradero se desconoce y la mitad del total son jóvenes menores de 29 años. Además, 2017 y 2018 son años con cifras récord en crímenes.

Aseguró que el caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado, porque las instituciones de procuración de justicia han sido incompetentes para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables y cómplices; sin embargo, subrayó, un crimen no se resuelve con más crímenes, y hay señalamientos de que las autoridades han torturado a decenas de personas relacionadas con la investigación de la desaparición de los estudiantes.

Estimó que el gobierno ha tenido insensibilidad sin precedentes ante el caso, y prueba de ello es que se buscó crear la llamada Comisión de la Verdad, por instrucciones de un Tribunal federal; no obstante, el gobierno ha interpuesto cerca de 200 recursos legales para evitar su conformación.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) se pronunció por crear una Comisión de la Verdad, que llegue hasta las últimas consecuencias. “Los padres y las madres de los normalistas merecen saber qué paso; no puede haber ni perdón ni olvido”, señaló.

Dijo que a 50 años del crimen del 2 de octubre, se repite uno en donde la autoridad que lo hizo se sigue protegiendo a sí misma; “tendrá que ser nuestro gobierno popular el que haga justicia”.

Indicó que México es el segundo país de periodistas asesinados del mundo, “más de 200 mil desaparecidos, matanzas a lo largo y ancho de la nación, pero el crimen de Ayotzinapa señala a Enrique Peña Nieto como el responsable central del mismo, que agravia a nuestro pueblo”.

“Que te maten una hija, un hijo es una prueba durísima y terrible; que te lo desaparezcan debe ser una tortura inaguantable, pero que sea una desaparición forzada; “imaginemos a esos padres y madres que durante cuatro años todos los días se levantan con el dolor exigiendo saber qué pasó con sus hijos y que los presenten con vida”. Por ello nosotros no exhortamos, exigimos justicia, porque no se aguanta más está herida abierta en el cuerpo de nuestra nación, enfatizó.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que es indignante la indolencia y la opacidad del gobierno federal para dar respuesta, decir la verdad y castigar a los culpables con todo el rigor de la ley por éste que es uno de los más dolorosos acontecimientos del país.

Este hecho lamentable, demuestra la descomposición y fractura social que vive el país y la opacidad con que se realizan las investigaciones “que acabaron siendo insostenibles por la falta de sustento y veracidad jurídica y sólo muestran la falta de justicia, la corrupción y la más lacerante filtración del crimen organizado a los más altos niveles del gobierno federal”, sostuvo.

Dijo que a cuatro años, y sustentados en las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se muestra la falsa historia acerca de este crimen, cuya magnitud hace “insostenible” pensar que ninguna instancia de los tres órdenes de gobierno sabía lo que pasaba, cuando el Ejército, la PGR y la Policía Federal tienen cuarteles en esa ciudad”.

Ni perdón ni olvido a esta barbarie, subrayó, y exigió la verdad, “que se diga lo que pasó realmente, quién dio la orden de disparar a sangre fría a los jóvenes, por qué no han regresado, por qué no hay respuestas a las interrogantes y por qué tanto silencio e injusticia que lacera a los padres”, enfatizó.

Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán dijo que el caso Iguala no se ha cerrado, por el contrario, hay apertura para sumar todo lo que aporte en el objetivo, que es castigar a todos los implicados. Además, lo sucedido corresponsabilizar a todos los órdenes de gobierno y a los tres Poderes de la Unión, porque “la reconciliación y la paz del país pasa necesariamente por Ayotzinapa”.

Afirmó que la investigación del caso constituye un esfuerzo sin precedente del Estado; por ello, informó que se abrieron las puertas de la investigación a la sociedad y se utilizaron todos los medios posibles para esclarecer la desaparición de los normalistas.

Añadió que la PGR se manifestó por una investigación abierta y transparente y desplegó recursos humanos, técnicos, científicos y materiales. Las investigaciones han tomado en cuenta las declaraciones vertidas por los detenidos, mismas que han sido confirmadas por dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones.

Al mostrar su solidaridad y compromiso para esclarecer los hechos, Mier y Terán puntualizó que es indignante y doloroso para todos, “no solo los mexicanos exigimos con urgencia el esclarecimiento total de esto y el castigo a los culpables, también organismos internacionales han dado puntual seguimiento a lo ocurrido en Guerreo y compartimos el deseo de que aparezcan con vida los 43 estudiantes”.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdés (PAN) afirmó que la desaparición y asesinato de los jóvenes proyecta al país a nivel mundial como una nación con crisis severa en materia de derechos humanos y demuestra el fracaso rotundo del gobierno federal en materia de seguridad y protección. “No hay justicia sin verdad, no hay paz sin justicia. Este gobierno no pudo o no quiso, el siguiente gobierno tiene que poder; ni perdón, ni olvido”.

“Es evidente que el gobierno no actuó para resolver el caso, solo se dedicó a administrarlo bajo la perspectiva de que el paso del tiempo y la difusión de una versión increíble disminuirán la indignación social”.

Subrayó que después de cuatro años, ha quedado demostrado que la política del gobierno priista es equivocada; al día de hoy, no han encontrado a los estudiantes ni la verdad, aún existen dudas sobre la actuación de las fuerzas de Seguridad Pública federal y local, también sobre la reacción violenta de las policías municipales.

Además, agregó, la PGR no ha ofrecido una respuesta o razones de fondo y sólo infiere sobre la probable intervención del narcotráfico como detonante de la violencia.

La diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) señaló que a cuatro años del “aberrante ataque” y desaparición forzada de los estudiantes normalistas, el dolor de la ausencia continúa vigente. La amarga noche del 26 de septiembre de 2014 “es un episodio abierto en la historia del país, marcado por la incapacidad, falta de voluntad y complicidad del gobierno, cuya pretensión de fondo es el silencio, acallar las voces con la (llamada) verdad histórica”.

La desaparición forzada de los estudiantes, indicó, no es un hecho aislado, “es complacencia por acción propia de las autoridades civiles y militares”. Este hecho “se ha generalizado por los grupos delincuenciales que existen en el país y que para beneficio del gobierno han cimbrado a la población con el terror de los levantones, los ajusticiamientos y la violencia generalizada que horroriza y doblega a la sociedad”.

En México, en los últimos años hay más de 35 mil desapariciones registradas y miles más que no han sido reportadas. “No sabemos cuántas de éstas pueden considerarse como tales, porque muchas se manejan como secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad”, refirió la legisladora.

Consideró que la verdad y justicia como principios supremos deben orientar las acciones para el caso Ayotzinapa, así como el castigo a los verdaderos responsables que garantice la no repetición y se termine con el espectro de impunidad que ha prevalecido en el pueblo de México. Estimó que es urgente dar respuesta y adoptar políticas claras coherentes.

Para hechos y desde su curul, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) dijo no sólo comprender la exigencia de los familiares de los 43 normalistas, sino sentir su angustia, coraje e impunidad. Añadió que esto ha puesto la historia del país en la vergüenza internacional. “La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Nunca más un crimen de Estado. El baño de sangre debe parar”.

Carlos Sánchez Barrios, diputado de Morena, expresó que entre los 43 desaparecidos se encuentra un sobrino suyo; exigió, el esclarecimiento y pidió justicia. Añadió que la sociedad sufre el agravio de la impunidad. “Hoy reitero al actual gobierno la exigencia de justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Por el PRI, el diputado Benito Medina Herrera cuestionó a quién y por qué le interesaba desaparecer a 43 estudiantes que esa noche realizaban una actividad recurrente. Aclaró que el Ejército no participó en esas detenciones y su actuar fue esencial, “no hay indicadores de que hayan detenido o desaparecido alguno de estos estudiantes”.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) sostuvo que si en el país hubiera justicia, ya se sabría en dónde están los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “Hoy expreso el dolor, el horror y la rabia de familiares y amigos de una de las regiones más pobres de Guerrero y de gente buena y trabajadora que no merece la omisión indolente de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales que se burlan de la justicia en la entidad”.

Desde tribuna, la diputada de Morena, Abelina López Rodríguez, puntualizó que de las actividades ilícitas que ocurrían en Iguala tenían conocimiento las secretarías de Gobernación, de la Defensa y de la Marina, así como la PGR, la Policía Federal, el Cisen, y sin duda, “el presidente de la República sabia; ahí la mentira cuando tratan de evadir la responsabilidad. Por eso decimos que es responsable el Estado mexicano, porque eso se llama delito de lesa humanidad. Guerrero exige justicia, nunca más un crimen de Estado”.

El diputado Luis Enrique Miranda Nava (PRI) indicó que la noche del 26 de septiembre de 2014 quedará en la memoria de México como un episodio trágico. Los involucrados señalaron a la policía municipal de Iguala como los autores del crimen; asimismo se dieron todas las libertades para la investigación “nadie nunca quedará satisfecho con los resultados por más alejados o apegados a la verdad; por ello, está en las manos de este Congreso y del próximo fiscal, encontrar la verdad”.

La diputada Ana Lucía Riojas Martínez (Sin Partido) manifestó que este recinto le debe mucho al país y esta legislatura no debe de ser como las otras; ajenas, opacas, y sobre todo sordas al reclamo histórico de un país que quiere paz; “por ello, lo primero que se tiene que hacer es abrogar la Ley de Seguridad Interior, demos la cara por este país”.

Desde su curul la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) conminó a quienes son expertos en la simulación, “a dejar de defender lo indefendible, y a quienes claman justicia que sepan que la exigencia de ésta no se puede quedar solamente en una consigna, porque la paz no se construye con perdón y olvido”.

La diputada Lizeth Sánchez García (PT) resaltó que se debe actuar en congruencia con las demandas sociales, acorde al sentir de la población. “Debemos alzar las voces por todo aquello que ha lastimado y sigue lastimando el tejido social, abrazar la lucha de los estudiantes y hacer justicia por aquellas voces que se callaron”.

De la misma bancada, la diputada Margarita García García cuestionó que “si hoy se conoce quiénes fueron los responsables, por qué no lo esclarecen, y las autoridades responsables de impartir justicia por qué no dan a conocer qué sucedió con los 43 estudiantes cuyos padres de familia claman justicia”.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) sostuvo que este fue un crimen de lesa humanidad, cometido por los gobiernos de Guerrero “y eso es en lo que debemos quedar, que quede escrito en esta historia. “No podemos seguir callando voces, limpiando sangre ni lágrimas; que se haga justicia, es lo que pide el pueblo con ellos y con tantas mujeres desaparecidas”.

Fuente: Notimex


Aprueban pérdida de registro de Nueva Alianza y Encuentro Social

12 septiembre, 2018

México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los dictámenes emitidos por la Junta General Ejecutiva, relativos a la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el 1° de julio de 2018.

Ello, conforme lo establece el artículo 41, párrafo segundo, base I, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, párrafo 1, incisos b) y c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Al respecto, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que la permanencia o no de un partido político en el sistema democrático del país, depende de sus éxitos en los comicios, de la elección de sus candidatos, de la capacidad de convencimiento que logren desplegar hacia la ciudadanía con sus campañas, y de su capacidad para encauzar las demandas de la sociedad, así como de la construcción de alianzas políticas.

“Se quedan quienes logran, al menos, el 3% de la votación en alguna de las elecciones federales, que son objeto de disputa”, añadió.

Lorenzo Córdova afirmó que “fueron las y los ciudadanos, y nadie más que ellos, quienes el 1° de julio decidieron qué partidos debían permanecer en la competencia, y cuáles salir de la misma”.

En presencia de los presidentes de ambos partidos, Luis Castro, de Nueva Alianza, y Hugo Eric Flores, de Encuentro Social, el Consejero Presidente recordó que los partidos políticos son instituciones que juegan un papel central en los sistemas democráticos, ya que permiten, en las complejas sociedades modernas, que la pluralidad social esté presente en las instancias de decisión política, a partir del respaldo que cada uno de esos partidos haya obtenido en las urnas.

Confió en que las y los ciudadanos que no lograron conformar una opción política, al menos para el 3% del electorado, sigan involucrándose en la vida pública y que pugnen por ejercer sus derechos políticos en organizaciones partidarias existentes o bien, en el proceso de conformación de otras.

Por su parte, el Consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, señaló que, durante dos meses y medio, desde la elección a la fecha, se ha garantizado la oportunidad a los partidos políticos de revisar todo lo ocurrido el día de la Jornada Electoral y la forma en que se ha llegado a la votación final. “El nuestro es un sistema que permite a los partidos políticos y a los ciudadanos, en diferentes momentos, aclarar todas y cada una de las dudas legalmente fundadas respecto al resultado de las elecciones”.

Si bien el sistema electoral no es perfecto, “es un sistema muy fiable, porque ofrece un conjunto de garantías a los partidos políticos para que presenten sus alegatos y se revisen el escrutinio y cómputo celebrados el día de la Jornada Electoral por los ciudadanos”.

A partir de esta resolución, Nueva Alianza y Encuentro Social pierden todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2018, que deberán ser entregadas por este Instituto al interventor respectivo.

Asimismo, el plazo para la presentación de la solicitud para registro como partido político local ante los Organismos Públicos Locales Electorales corre a partir de que el presente Dictamen haya quedado firme o, en su caso, a partir de que haya concluido el proceso local extraordinario de la entidad de que se trate.

Nueva Alianza y Encuentro Social deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establecen la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización y demás normatividad aplicable, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

Durante la sesión, el pleno acató 38 sentencias en materia de fiscalización ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa; y resolvió dos quejas sobre el origen y destino de los recursos de los partidos.

Fuente: Notimex


INE votará el 12 de septiembre desaparición del PES y Nueva Alianza

6 septiembre, 2018

México. Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que el 12 de septiembre el Consejo General de este organismo sesionará para votar a favor o en contra de mantener el registro de los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal).

Lo anterior, luego de que la Junta Ejecutiva del INE emitiera el lunes pasado la declaratoria de pérdida de registro de ambos partidos, aunque como lo marca la ley, los dos institutos políticos fueron emplazados en su momento a que en 72 horas presentaran sus argumentos de defensa.

El plazo para que ambos partidos presentaran sus alegatos y argumentos venció este jueves a las 10:00 horas, mismos que fueron recibidos en tiempo y forma, y se agregarán al expediente que revisarán los consejeros quienes determinarán si desaparecen o no dichos partidos.

Molina dijo que de esta forma trabajarán en un nuevo dictamen de declaratoria, integrando los alegatos de los partidos que pondrán a disposición del Consejo General del INE, mismo que tendrá la última palabra.

Explicó que el finiquito de ambos partidos corre en dos vías: la primera con la utilización de las prerrogativas que tenían para el resto de este año, y que servirán para liquidar a sus trabajadores conforme a la ley, así como hacer frente a los adeudos con proveedores de servicios.

“De hecho, ya hay un interventor en cada partido, para que en el momento que se dé la declaratoria de pérdida del registro, el interventor no sólo esté de manera preventiva, sino que ya actuará directamente en las finanzas de los partidos”, detalló.

La segunda vía, abundó, corre por cuenta del INE, quien se encargará de pagar a los interventores, con un techo máximo de gastos y en la medida de lo posible acelerar los procesos de liquidación.

Fuente: Notimex


Pedirá PES en Veracruz recuento de votos al INE y TEPJF de pasadas elecciones

4 septiembre, 2018

Arturo Arellano. Xalapa. El dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la oportunidad de recontar los votos de la pasada jornada electoral.

“Porque los votos de Encuentro Social ahí están en las urnas, tal es el ejemplo de que pedíamos que se revisarán 39 mil casillas del universo nacional y sólo nos autorizaron revisar 20 mil, 21 mil casillas; de las 39 mil que impugnamos, donde teníamos un voto, logramos rescatar más de 320 mil votos y llegamos a un millón 500 mil votos”, explicó.

Insistió que el PES pide revisar las casi 17 mil casillas que faltan, a modo de rescatar el 3.3 por ciento de la votación nacional permitida y conservar el registro ante el INE.

“No tiene que ver nada con quitarle votos al triunfo electoral; simplemente distribuirlos correctamente en la coalición”, añadió.

En ese sentido, destacó que en el primer periodo de sesiones de la LXIV Legislatura se impulse el voto electrónico para evitar las fallas humanas en el recuento de los sufragios.

Dijo que continuarán consolidando al partido, y más con la bancada de 35 diputados en San Lázaro y seis senadores en la Cámara Alta.

Planteó que por lo anterior impulsarán una bancada en la legislatura local, independientemente si se conserva o no el registro del partido.


Comienza INE pérdida de registro del Nueva Alianza y Encuentro Social

3 septiembre, 2018

México. La Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), pues ninguno de los dos alcanzó al menos 3 por ciento de la votación requerida por ley.

En la elección presidencial pasada, Panal y PES obtuvieron 1.02 y 2.78 por ciento de la votación válida emitida, respectivamente, informó el instituto en un comunicado.

En el caso de senadurías de mayoría relativa, Nueva Alianza alcanzó 2.41 por ciento y de representación proporcional, 2.40 por ciento; de diputados 2.58 por ciento y 2.57 por ciento, respectivamente.

Mientras que Encuentro Social tuvo de senadurías 2.43 por ciento de mayoría relativa y 2.43 de representación proporcional; de diputaciones 2.51 y 2.50 por ciento, en ese orden.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova subrayó que esta decisión no está sujeta a interpretaciones, ya que “las cifras son claras”, y en ninguna de las elecciones alcanzaron el tres por ciento de la votación.

Por lo tanto, argumentó, se activa el supuesto establecido en los artículos 44 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 94 de la Ley General de Partidos Políticos.

Córdova Vianello abundó que esta resolución prevé que, en las próximas 72 horas, los partidos involucrados presenten los alegatos o los elementos que estimen pertinentes, que serán valorados para sesionar en una segunda ocasión como Junta General Ejecutiva y presentar la resolución definitiva en la próxima sesión del Consejo General.

El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados, explicó que la votación válida para hacer este cálculo resulta de deducir de los votos recibidos los nulos y los correspondientes a las candidaturas no registradas.

Fuente: Notimex


Definirá INE pérdida de registro de Nueva Alianza y Encuentro Social

28 agosto, 2018

México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definirá en la primera quincena de septiembre próximo la pérdida de registro como partidos políticos nacionales de Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES).

En entrevista, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón, aseguró que ya tienen firmes los elementos para determinar que ambas fuerzas políticas no lograron la votación de por lo menos el tres por ciento de los sufragios válidos, en cualquiera de las tres elecciones federales: Presidencia, Senado de la República y Diputados.

Indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya calificó la elección presidencial y dio a los consejeros del INE los elementos para la validez de las elecciones federales de diputados y senadores y determinar los plurinominales o legisladores de representación proporcional.

En el momento en el que la Junta General del INE haga el acuerdo se traerá al Consejo General, que será en la primera quincena de septiembre, porque ya en el pasado, incluso el propio Tribunal Electoral, en 2015, dijo que esa determinación le corresponde al Consejo General, explicó.

Además, dijo, se activa la fase de liquidación, para lo cual los interventores están en fase de prevención, es decir, están a cargo de la supervisión de las cuentas bancarias y de los ingresos de los partidos.

Indicó que también por criterios del Tribunal Electoral, estos partidos seguirán recibiendo sus prerrogativas que correspondan a este año 2018, y esos recursos se utilizarán para pagar en primer lugar la liquidación de los trabajadores, luego a lo que corresponda a proveedores, impuestos y multas del propio instituto.

Sin embargo, dijo que ya en la fase de liquidación los partidos no tienen control de las cuentas, sino que es el liquidador, y en la fase de prevención, el liquidador supervisa que solo se pague aquello estrictamente necesario como son: rentas, electricidad y agua de los inmuebles, y la nómina de los trabajadores.

“Los partidos tienen ministraciones para este año solamente, para el año que entra obviamente, ya la fórmula del 70 por ciento proporcional y 30 por ciento igualitario, aplicará solo para los siete partidos que conservaron su registro”, explicó.

Por ello, añadió, que lo que se hará más adelante es la división de los recursos para el financiamiento público de los partidos entre los siete partidos con registro, y será durante los próximos 3 años, es decir, para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Dijo que a partir de los resultados de las elecciones intermedias para elegir diputados federales de 2021 cambiará la fórmula de distribución nuevamente, “como ocurre desde que existe el financiamiento público cada tres años que se cambia”.

Interrogado sobre cuándo se puede solicitar la creación de un nuevo partido, Murayama Rendón precisó que ya empieza y que de hecho es cada seis años que se abre el ciclo de registro para nuevos partidos.

“Esa será una de las tareas principales que tendrán en unos meses y el año que entra, la Dirección de Prerrogativas y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se vuelve también la Comisión de Registro de los nuevos partidos”, señaló.

Apuntó que los nuevos partidos que soliciten su registro para 2019 y 2020 ya estarán constituidos y empiezan a recibir las notificaciones de las organizaciones que tienen el interés, e informó que sí puede coincidir la liquidación de estos partidos y su solicitud para crear una nueva fuerza política.

“Es posible, no hay nada que lo impida, nosotros esperemos que tengamos más agilidad en la liquidación de los partidos e incluso también se sabe que los dos partidos políticos nacionales que pierden su registro, lo pueden solicitar en aquellas entidades como partidos locales, donde sí obtuvieron al menos el tres por ciento en los comicios locales”, apuntó.

Finalmente, reiteró que a partir de que se declare la pérdida de registro Nueva Alianza y Encuentro Social no tendrán ya ninguna prerrogativa, ni acceso a los tiempos oficiales para radio y televisión, ni tampoco estarán sentados en el Consejo General del INE, ni de los consejos locales.

Fuente: Notimex


Declara TEV improcedentes las denuncias sobre propaganda política contra Cuitláhuac

11 agosto, 2018

Xalapa. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó como inexistentes la presunta contravención a las normas sobre propaganda política o electoral, en contra del Partido Encuentro Social y Cuitláhuac García Jiménez.

En el Procedimiento Especial Sancionador TEV-PES-68/2018 se denuncia la colocación de propaganda política presuntamente por el PES, de la candidatura de Cuitláhuac García Jiménez, para la Gubernatura del Estado, pintada en una barda del perímetro del cementerio municipal de Naranjos-Amatlán; sin que el Ayuntamiento haya permiso para colocar propaganda electoral.

De la cual se certificó que contenía un emblema del PES y sobre éste una cruz; además de las frases o palabras “VOTA ESTE 1 DE Jul.”; “AMLO”; “PRESIDENTE”; “2018”; “Gobernador”; “VOTA PES”; y “CUITLÁHUAC”.

Se estableció que la barda, al tratarse de un cementerio público municipal, constituye como instalaciones o espacios destinados para la prestación de ciertos servicios públicos; por lo que dicho inmueble se considera como elemento de equipamiento urbano.

De acuerdo con el artículo 70, fracción VI, del Código Electoral, no está prohibido que se pueda fijar ese tipo de propaganda en elementos de equipamiento urbano, sino que sólo se limita su uso o fijación a que no se dañe la estructura de tal equipamiento, que no impida la visibilidad de los conductores y peatones, o que no represente un estorbo y peligro para los mismos.

El TEV del estudio realizado, advirtió que las características de la propaganda no representaron dichas limitantes, es decir, que no contravinieron la finalidad de la citada norma electoral y tampoco se advierte que representaron algún tipo de limitación para el servicio público al que está destinado dicho inmueble para la comunidad municipal.

Del material probatorio, no fue suficiente para demostrar que tal situación obedeció a una orden, gestión o contratación por parte del PES o del entonces candidato a la gubernatura Cuitláhuac García Jiménez.


Rechaza TEPJF recuento de votos de Nueva Alianza y Encuentro Social para mantener registro

3 agosto, 2018

México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó en forma definitiva la posibilidad que pretendían los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, para hacer recuentos de los votos en la elección presidencial.

Ambos querían, por diversas vías, recuperar cierto número de votos que les permitieran mantener el registro como partidos políticos nacionales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero los magistrados rechazaron de manera unánime todos los argumentos, sin pronunciarse sobre el registro.

En ese sentido, luego de que se expusieron los numerosos asuntos que interpuso el partido Nueva Alianza y antes de tomar la votación –que resultó unánime— la magistrada presidenta, Jannine Otálora Malasis, explicó la pretensión del instituto político.

Al respecto, detalló que el partido trataba de anular algunas casillas para recuperar votación y conservar el registro, pero no presentó elementos suficientes y, por lo tanto, se confirmaron todas las resoluciones que el partido combatió, de manera que no se revisarán las casillas que se pretendía.

En el caso del partido Encuentro Social, que también presentó numerosos asuntos, el principal era el Juicio de Inconformidad SUP-JIN-1/2018 se impugnó el cómputo de la elección presidencial en la totalidad de los 300 distritos electorales federales en los que se divide el país.

Con respecto a este juicio, el magistrado ponente, Felipe de la Mata Pizaña, consideró que las irregularidades aludidas por el partido, no eran suficientes para revisar todo el procedimiento, además de que se presentó fuera del plazo correspondiente y, por lo tanto, se debía sobreseer.

Además, consideró infundado el argumento del partido en el sentido de anular la elección porque no había condiciones de seguridad, lo cual, a consideración del magistrado, no ocurrió, puesto que no se presentaron suficientes pruebas y solamente se habló de un municipio.

En torno a otra de las impugnaciones de Encuentro Social, sobre el cómputo de 15 mil 324 casillas, se basaba en el argumento de que en ellas se debía anular la votación en favor de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, porque supuestamente no estaba registrado.

Como las elecciones ya pasaron y sí se consideró válida la votación para el citado candidato independiente, el Tribunal decidió sobreseer el asunto y no realizar el recuento que pretendía el partido.

Todos estos asuntos los avalaron los magistrados de manera unánime y sin discusión.

En otro tema, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada, reponer el procedimiento en el caso de la demanda que presentó el empresario José María Riobóo Martín, contra el excandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, por expresiones calumniosas.

En ese caso, los magistrados consideraron que, en efecto, como alegó el quejoso, el análisis del asunto se limitó sólo al debate presidencial donde el candidato se refirió al empresario y no se analizaron dichos y hechos posteriores.

Por ello, se ordenó que se reponga el procedimiento y, en esta ocasión, sí se analicen todos los aspectos y no sólo las expresiones del excandidato en el debate presidencial.

Fuente: Notimex